El senador acusó al intendente y a directivos de Tamse por presunta defraudación. Señalan sobreprecios y unidades fuera de servicio.
El senador nacional Luis Juez presentó este viernes una denuncia penal contra el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, por presunta defraudación a la administración pública en la contratación de colectivos urbanos. La presentación también alcanza a directivos de TAMSE y de la firma ERSA Urbano.
La denuncia fue realizada en Tribunales junto a los concejales Martín Juez, Graciela Villata y José María Romero, y apunta a un contrato firmado en marzo de 2024 para el alquiler de 350 unidades.
Denuncian sobreprecios millonarios
Según el escrito judicial, el acuerdo establecía un pago mensual de $871,2 millones, lo que equivale a unos $2,48 millones por colectivo. Sin embargo, el denunciante sostiene que el valor de mercado rondaba los $800.000 por unidad.
De acuerdo a estos cálculos, el presunto sobreprecio alcanzaría los $591 millones mensuales y un total cercano a los $7.094 millones en un año, lo que configuraría un perjuicio significativo para las arcas públicas.
Colectivos fuera de servicio
Otro de los puntos centrales de la denuncia es el estado de las unidades. Según lo planteado por Luis Juez, de los 350 colectivos alquilados, solo unos 200 habrían funcionado de manera irregular.
Además, aseguró que gran parte de los vehículos terminaron fuera de servicio, describiéndolos como “chatarra arrumbada” en sectores cercanos a la avenida Circunvalación Sur de la capital provincial.
Funcionarios involucrados
La presentación judicial también incluye al presidente de TAMSE, Eduardo Ramírez Rujinsky, y al director Julio César Secondi.
Entre las medidas solicitadas, se pidió una inspección ocular en los predios donde se encuentran los colectivos y un informe del Tribunal de Cuentas para determinar si el contrato fue debidamente autorizado.
Investigación en curso
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades en la contratación y eventuales responsabilidades de los funcionarios y empresas involucradas.
El caso suma un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión del transporte público en la ciudad de Córdoba.
