Desde Viva Río Cuarto advertimos en la campaña electoral que en nuestra ciudad en los últimos 20 años se ha consolidado un modelo de gestión, en el que más allá de las alternativas partidarias, el Estado municipal se ha ido desentendiendo de derechos fundamentales: la vivienda, el transporte, la alimentación, la salud y el trabajo.

El correlato de esta deliberada retirada del Estado se evidencia en indicadores socioeconómicos presentados por el Consejo Económico y Social de Río Cuarto, en donde se manifiesta el carácter dramático de la realidad local: más de 100 mil vecinos y vecinas bajo la línea de pobreza, es decir el 56,6% de las/los riocuartenses.

Es cierto que no existen posibilidades, por parte de los gobiernos municipales, de neutralizar y/o revertir los impactos negativos de las políticas nacionales en curso. Sin embargo, si resulta factible hacer de la crisis un acontecimiento que habilite debates públicos en pos de ampliar las capacidades del Estado y dar protagonismo a sectores excluidos. A las claras no es ésta una definición política en carpeta, ni del actual ejecutivo ni de las fuerzas con representación en el Concejo Deliberante.

En rigor, los efectos negativos de las políticas nacionales sobre el entramado productivo y el tejido social ya eran visibles durante la campaña electoral municipal, dimensión que fue no solo soslayada por las fuerzas políticas mayoritarias en Río Cuarto sino, incluso, aprobada. Luego, ya en el ejercicio del mandato en curso, las disposiciones políticas han acompañado la dinámica del ajuste: despidos de trabajadores municipales mediante la no renovación de contratos, restricciones en las políticas sociales, des-jerarquización de políticas públicas (entre ellas salud, educación y  género), y un nuevo ciclo de endeudamiento que comenzó con 2 mil millones de pesos y se prevé alcance los 5 mil millones.

No obstante, hay alternativas. Urge desbordar el modelo de gobernanza en aras de una nueva política que habilite nuevos reconocimientos y formas redistributivas. En primer lugar, se requiere un posicionamiento público crítico de las autoridades locales respecto de las consecuencias sociales y económicas de las políticas nacionales. En segundo lugar, un llamado a la comunidad toda en pos de articular esfuerzos para abordar la emergencia alimentaria. En tercera instancia amerita un debate público acerca de los servicios públicos, resulta inviable la sostenibilidad de prestaciones tan onerosas como insustentables, entre ellas la recolección de los residuos sólidos urbanos y el transporte público. En cuarto lugar, es tiempo de concretar una reforma tributaria local que alivie las cargas sobre sectores medios y bajos y bregue por una actualización sobre los sectores de alto poder adquisitivo.

Se trata de una agenda de políticas locales cuya implementación requiere de voluntad política y sobre todo empatía con el padecimiento de la mayoría de nuestros con-ciudadanos/nas. Si la política no pretende encararla desde arriba, será la política desde abajo la que articule este nuevo proyecto de ciudad: una Río Cuarto integrada, justa, garante del derecho colectivo de reconstruir nuestro espacio local. 

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