El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en la industria metalmecánica y reclamó al Gobierno nacional una reducción del impuesto a los combustibles.“No se puede mirar para otro lado frente al cierre de 33.000 pymes”, expresó. Lo hizo durante su participación en la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mandatario sostuvo que el desarrollo de sectores como la minería, el petróleo y el gas debe estar acompañado por políticas que permitan sostener a las industrias tradicionales, especialmente aquellas que generan empleo y cuentan con una extensa red de proveedores.
Durante su intervención, advirtió sobre el impacto de la caída de la actividad económica en el entramado productivo. En ese sentido, mencionó el cierre de 33.000 pequeñas y medianas empresas y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo, cifras que utilizó para fundamentar su reclamo de asistencia a los sectores industriales afectados.
“Estamos potenciando y motorizando los nuevos motores de la Argentina, pero tenemos otro motor real al que hay que asistir, no se puede mirar para otro lado frente al cierre de 33.000 pymes y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo”, afirmó.
Llaryora pidió sostener la industria metalmecánica
Llaryora compartió el panel denominado “La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor” con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La actividad fue moderada por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
En ese espacio, el gobernador cordobés planteó que el crecimiento de nuevas actividades productivas no debe producirse a costa de otros sectores industriales que ya cuentan con infraestructura, conocimiento y trabajadores capacitados.
“Yo creo que hay que desarrollar nuevos motores para que no se apaguen otros. Ahora, desarrollar un nuevo motor para apagar el otro no es inteligente”, señaló.
El mandatario también destacó la posibilidad de que las empresas de Córdoba y Santa Fe se incorporen como proveedoras de las cadenas de valor vinculadas a la minería, los hidrocarburos y la energía.
Córdoba busca integrar sus empresas a la minería y el petróleo
Uno de los ejes de la exposición fue la necesidad de avanzar en la industrialización de los recursos naturales. Para Llaryora, el crecimiento de la actividad minera y energética debe generar oportunidades para las empresas nacionales y promover la fabricación local de insumos y componentes.
Como referencia, comparó ese proceso con el desarrollo de la agroindustria argentina, que permitió ampliar las capacidades productivas a partir de la actividad agropecuaria.
“Necesitamos que la minería, el petróleo y el gas hagan el mismo desarrollo industrial que hizo el agro. Argentina se desarrolló como un país agropecuario y después desarrolló la agroindustria, industrializó lo que antes se traía de afuera para producir el agro”, expresó.
En ese marco, destacó el potencial del complejo científico y tecnológico cordobés y de su industria metalmecánica para participar en nuevos mercados. Mencionó especialmente las capacidades desarrolladas en los sectores satelital, aeronáutico, automotriz y de maquinaria agrícola.
“El complejo científico tecnológico cordobés puede proveer materiales en esta industria altamente competitiva, tenemos que integrar esas cadenas de valor a la minería y el petróleo”, sostuvo.
También consideró necesario que las empresas y los clústeres vinculados a la minería y la energía desarrollen sus propias redes de proveedores locales. Para ello, señaló que se requiere coordinación entre el sector público y el privado.
Por su parte, Maximiliano Pullaro destacó el potencial industrial de la Región Centro y coincidió en la importancia de vincular las nuevas actividades extractivas con las capacidades productivas existentes.
“Lo peor que podríamos hacer como país es no articular el potencial minero con nuestras industrias y campos que tienen años de inversión y capacitación”, afirmó el gobernador santafesino.
El impuesto a los combustibles y el precio del boleto
Tras el encuentro, Llaryora volvió a cuestionar la distribución de los subsidios nacionales al transporte y reclamó una reducción del impuesto a los combustibles. Según planteó, una modificación de ese tributo permitiría disminuir el costo del servicio y reducir el precio del boleto para los usuarios cordobeses.
“Saquen el impuesto a los combustibles y podremos bajar el 35% el boleto a los cordobeses. El subsidio al AMBA no arregla el transporte de toda la Argentina. Necesitamos que bajen el impuesto a los combustibles”, manifestó ante la prensa.
El gobernador también cuestionó el destino de los recursos recaudados mediante ese impuesto y sostuvo que no se están utilizando para financiar obras viales.
“No se utiliza un solo centavo del impuesto a los combustibles para arreglar rutas, se lo queda el Gobierno nacional. Las obras las están haciendo los intendentes y los gobernadores. La Nación no hace ninguna obra en la Argentina”, expresó.
Sus declaraciones volvieron a poner en discusión el esquema de financiamiento del transporte público y la distribución de recursos nacionales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las jurisdicciones.
Llaryora propuso discutir un pacto fiscal federal
Otro de los temas abordados por el mandatario fue la posibilidad de avanzar en un pacto fiscal federal con el Gobierno nacional. Llaryora manifestó su disposición a participar de una negociación, aunque planteó que el debate debe contemplar las dificultades que atraviesan las industrias y las economías regionales.
En ese sentido, propuso conformar una mesa de trabajo que reúna a representantes de la Nación, los gobernadores, los intendentes y los sectores productivos para discutir un esquema de reducción de impuestos.
“Sentémonos en serio en una mesa. Nosotros no tenemos problemas. Si vamos a sacar impuestos, saquemos impuestos que se queda solo la Nación y hagamos un esquema”, sostuvo.
Finalmente, pidió que las eventuales reformas fiscales se definan mediante acuerdos entre los distintos niveles del Estado y los sectores económicos.
El planteo del gobernador se inscribe en el debate sobre el rumbo de la política económica nacional, el sostenimiento del empleo industrial y las condiciones necesarias para que las nuevas inversiones en energía y minería generen también oportunidades para las empresas proveedoras del país.