Un proyecto propone que el gobernador Martín Llaryora solicite la renuncia del ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, imputado por violencia de género contra su expareja.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Nancy Almada (Frente Cívico), será debatida en la Unicameral, poniendo en el centro del debate la respuesta del gobierno provincial ante casos de funcionarios involucrados en delitos de este tipo.
La denuncia contra Gill, realizada en marzo de 2023, derivó en su imputación por lesiones leves calificadas y violencia de género, con la fiscal de Villa María, Juliana Companys, solicitando la elevación a juicio. Sin embargo, desde el gobierno provincial han optado por mantenerlo en su cargo, argumentando que la situación judicial no afecta su rol como ministro.
En su exposición, Almada expresó su preocupación por la postura oficial y criticó lo que considera una «tolerancia estatal» hacia la violencia contra las mujeres en las altas esferas del poder. “A pesar de estar imputado y enfrentando un proceso judicial, el gobierno decidió mantenerlo en su cargo, alegando que la causa no tiene nada que ver con su función”, enfatizó.
El proyecto también subraya que Gill no es el único funcionario involucrado en denuncias por violencia de género, mencionando otros casos resonantes, como los de Gabriel Bermúdez, Gustavo Folli Pedetta, Diego Concha, Juan Ledesma y Alfonso Mosquera. En todos ellos, la falta de acción contundente por parte del Estado ha sido fuertemente cuestionada.
“Es responsabilidad de la Legislatura garantizar que los funcionarios públicos mantengan los más altos estándares éticos y de conducta”, subraya la propuesta, que apunta a establecer un precedente de cero tolerancia hacia la violencia de género dentro del ámbito político.
