La Comisión de Derechos Humanos comenzó el debate de proyectos que buscan actualizar la Ley 7741, incorporando la protección de personas mayores, con discapacidad y otras diversidades sociales. También se trató la adhesión a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba inició este martes el análisis de dos proyectos de ley que apuntan a fortalecer la protección de derechos en la provincia.
El primero de ellos propone modificar la Ley 7741 que regula la Defensoría del Pueblo, para ampliar sus competencias en la defensa de personas mayores, con discapacidad y otras diversidades sociales. La iniciativa fue presentada por los legisladores Inés Contrera, Miguel Nicolás, Alfredo Nigro, Alejandra Ferrero, Ariela Szpanin, José Bría, Carlos Carignano y Nancy Almada.
Durante la reunión, la autora del proyecto, la legisladora Contrera, destacó que la normativa actual quedó desfasada frente a los cambios sociales y a la evolución del paradigma de derechos humanos. En ese sentido, planteó incluir el concepto de “construcciones sociales diversas”, a fin de garantizar una protección más amplia para quienes puedan ver vulnerados sus derechos. Además, los legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar términos en desuso, como “edad pasiva”.
En la misma comisión también se trató un proyecto impulsado por el legislador Carlos Carignano y el bloque de la UCR, que propone adherir a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la OEA en 2015.
Varios legisladores, entre ellos Matías Chamorro, señalaron la importancia de articular las distintas iniciativas presentadas y avanzar en un trabajo conjunto como coautores. En ese marco, se mencionó el expediente 41224/L/24, que plantea la promoción y protección integral de las personas mayores.
Las propuestas quedaron en estudio y continuarán en debate en la comisión. Para avanzar, se convocará a distintas instituciones sociales con el objetivo de compatibilizar los proyectos y elaborar una normativa que brinde mayores herramientas de protección a la comunidad.
La Comisión de Derechos Humanos comenzó el debate de proyectos que buscan actualizar la Ley 7741, incorporando la protección de personas mayores, con discapacidad y otras diversidades sociales. También se trató la adhesión a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba inició este martes el análisis de dos proyectos de ley que apuntan a fortalecer la protección de derechos en la provincia.
El primero de ellos propone modificar la Ley 7741 que regula la Defensoría del Pueblo, para ampliar sus competencias en la defensa de personas mayores, con discapacidad y otras diversidades sociales. La iniciativa fue presentada por los legisladores Inés Contrera, Miguel Nicolás, Alfredo Nigro, Alejandra Ferrero, Ariela Szpanin, José Bría, Carlos Carignano y Nancy Almada.
Durante la reunión, la autora del proyecto, la legisladora Contrera, destacó que la normativa actual quedó desfasada frente a los cambios sociales y a la evolución del paradigma de derechos humanos. En ese sentido, planteó incluir el concepto de “construcciones sociales diversas”, a fin de garantizar una protección más amplia para quienes puedan ver vulnerados sus derechos. Además, los legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar términos en desuso, como “edad pasiva”.
En la misma comisión también se trató un proyecto impulsado por el legislador Carlos Carignano y el bloque de la UCR, que propone adherir a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la OEA en 2015.
Varios legisladores, entre ellos Matías Chamorro, señalaron la importancia de articular las distintas iniciativas presentadas y avanzar en un trabajo conjunto como coautores. En ese marco, se mencionó el expediente 41224/L/24, que plantea la promoción y protección integral de las personas mayores.
Las propuestas quedaron en estudio y continuarán en debate en la comisión. Para avanzar, se convocará a distintas instituciones sociales con el objetivo de compatibilizar los proyectos y elaborar una normativa que brinde mayores herramientas de protección a la comunidad.
