La Universidad Nacional de Río Cuarto adhierió al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que rechaza lo ocurrido en Jujuy, en relación al ingreso de efectivos de la Policía de la Provincia a la Universidad Nacional de Jujuy, en un hecho que representa «una violación a la autonomía universitaria».

Sin convocar al Consejo Superior, las autoridades de la UNRC expresaron su adhesión al comunicado elaborado por el CIN para repudiar lo realizado por la policía de Gerardo Morales.

Dese la UNRC consideraron que «estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra, vulnerando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales y a la Ley de Educación Superior N° 24.521 que, en su artículo 31, dispone la prohibición del ingreso de la fuerza pública, si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida».

En otra parte de escueto comunicado, la UNRC expresó: «Estos hechos revisten gravedad institucional y dificultan las posibilidades de diálogo para la búsqueda de consensos en momentos de sensibilidad y conflictos sociales.»

Entidades gremiales y Cátedra de DD.HH

En un documento conjunto, los gremios docentes, nodocentes, y graduados de la UNRC repudiaron los hechos de violencia y persecución que vive el pueblo jujeño. Manifiestan que los allanamientos y detenciones perpetradas por la policía del gobernador Morales busca callar toda expresión de resistencia.

También se pronunció sobre el tema la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNRC. Su coordinador, el profesor de ciencias Humanas, Santiago Polop, destacó que en Jujuy se hace un uso abusivo de la fuerza represiva y se ven imágenes propias de la dictadura cívico militar.

La autonomía universitaria, señaló Polop, está garantizada explícitamente en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior.

¿Qué dice el comunicado del CIN al cual adhirió la UNRC?

En consonancia con la expresión conjunta emitida el 20 de junio pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país.

El 10 de julio, en el Canal 7 de la Televisión Jujeña, la gobernación de la provincia expresó su intención de expropiar tierras en las que se encuentra el Sitio Arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara que pertenece desde 1949 a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto puesto que, por un lado, desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación por causa de utilidad pública; y, por el otro, trata de expropiar un espacio universitario que, desde 1949, viene desarrollando actividades de extensión muy relevantes, bajo fundamentos basados en prejuicios sobre sus trabajadores nodocentes y docentes, muchos pertenecientes a pueblos originarios.

Del mismo modo, el 12 de julio de 2023, la Policía de la Provincia de Jujuy ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy cuando se encontraba en sesiones el Consejo Superior (situación oficialmente no aclarada aún), generando otro hecho que produce una violación a la autonomía universitaria y a la Ley de Educación Superior N° 24.521 que, en su artículo 31, dispone la prohibición expresa del ingreso con la excepción de una autorización judicial o solicitud de autoridad universitaria, supuestos que no se respaldaron en dicho ingreso.

Los rectores y las rectoras de la universidades públicas argentinas reafirmamos el compromiso con la educación pública en general y las universidades argentinas en particular, entendiendo que se trata de un bien público y social que el Estado debe garantizar, bajo el cumplimiento estricto de las normas y el respeto por la autonomía universitaria, lo que exigimos a las autoridades competentes.

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