El conflicto por la continuidad de Alejandra Ferrero en su banca mantiene enfrentados al oficialismo y al radicalismo. La disputa podría extenderse al Presupuesto 2027, mientras el recinto acumula dos sesiones sin actividad y se encamina a más de un mes sin debates.
La Legislatura de Córdoba atraviesa un nuevo capítulo de tensión entre Hacemos Unidos por Córdoba y la Unión Cívica Radical (UCR), con la continuidad de la actividad parlamentaria condicionada por una disputa que todavía no encuentra vías de resolución. El tratamiento del Presupuesto 2027 aparece como el próximo punto de fricción.
El oficialismo reclama que la legisladora radical Alejandra Ferrero solicite una licencia o deje su banca, luego de que Omar Ludueña, integrante de su equipo de trabajo, fuera detenido en una causa por abuso sexual. Ferrero rechazó esa posibilidad y atribuyó el planteo a una estrategia para debilitarla políticamente.
La vicegobernadora Myrian Prunotto respaldó el reclamo oficialista y cuestionó lo que considera una doble vara del radicalismo. La respuesta de Ferrero mantuvo abierto el enfrentamiento, que también se trasladó a las redes sociales con cruces entre dirigentes de ambos espacios.
El conflicto se profundizó luego de que la UCR advirtiera que podría no acompañar el Presupuesto 2027, una iniciativa que en años anteriores había contado con el respaldo general del radicalismo. El sector vinculado al exdiputado Rodrigo de Loredo impulsa una postura más dura frente al oficialismo.
En paralelo, Matías Gvozdenovich dejará la presidencia del bloque radical para conducir el Comité Provincia del partido. Ferrero asumirá al frente de la bancada en un momento de creciente confrontación.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, cuestionó la amenaza de la UCR de no respaldar el proyecto presupuestario. Gvozdenovich, por su parte, acusó al PJ de haber cerrado los canales de diálogo y también puso en discusión la respuesta institucional al caso.
La disputa ya tuvo consecuencias sobre el funcionamiento legislativo: el oficialismo se retiró del recinto en las últimas dos sesiones, convocadas con una frecuencia quincenal, y tampoco se registraron avances relevantes en comisiones. Si las posiciones se mantienen, la Unicameral podría superar un mes sin debates.
A la tensión política se suma la prórroga de 30 días otorgada a los 1.055 asesores legislativos para presentar sus certificados de antecedentes penales nacionales y provinciales. La documentación había sido requerida en el marco de las medidas adoptadas tras la detención de un contratado legislativo investigado por abuso infantil.
Con el Presupuesto 2027 en el horizonte y sin señales de acercamiento entre las partes, el conflicto amenaza con prolongar la parálisis y trasladar la disputa política al tratamiento de una de las principales leyes del año.