Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda intentan abrir el recinto en febrero para derogar el decreto, pero el oficialismo apuesta a demorar el debate y evitar el quórum.
La Libertad Avanza buscará demorar en el Congreso Nacional el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia, con el objetivo de frenar la embestida de los bloques opositores que intentan avanzar con su derogación durante el mes de febrero.
Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda sostienen que la legislación vigente no impide el tratamiento de un DNU durante el receso parlamentario o en sesiones extraordinarias. Sin embargo, fuentes legislativas coinciden en que resulta poco probable que puedan abrir el recinto antes del inicio del período ordinario de sesiones.
El Gobierno nacional tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar formalmente el dictado del DNU al Congreso. A partir de ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dispone de diez días hábiles para emitir dictamen. En caso de no hacerlo, el decreto puede ser tratado directamente en el recinto sin despacho previo.
Desde la oposición manifestaron un fuerte rechazo a los puntos más polémicos del decreto, que incluyen el carácter encubierto de las tareas de inteligencia y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia, aspectos que consideran violatorios de garantías constitucionales.
De acuerdo con la normativa vigente, un DNU puede quedar convalidado con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo requiere el voto negativo de ambas, lo que eleva la dificultad para la oposición.
Fuentes opositoras consultadas por Noticias Argentinas indicaron que especialistas en derecho constitucional sostienen que el recinto podría abrirse en febrero para tratar la derogación del decreto, aunque advirtieron que no será sencillo: deberán garantizar 129 diputados para el quórum y los votos necesarios para voltear la norma.
Por lo pronto, Provincias Unidas solicitó formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la conformación de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
En una nota firmada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y otros legisladores, reclamaron la “regularización y designación de los integrantes” de ambas comisiones y pidieron que, una vez vencidos los plazos legales, se convoque de manera urgente a la comisión encargada de analizar la validez del DNU.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, integrada por 16 miembros (8 senadores y 8 diputados), es la encargada de analizar los DNU. En 2026, su presidencia corresponde al Senado, luego de haber sido encabezada en 2025 por el diputado del MID Oscar Zago.
Si bien la oposición busca acelerar el tratamiento, reconoce que hasta el momento reuniría alrededor de 120 legisladores, por lo que necesitaría al menos nueve votos adicionales de bloques provinciales o de la UCR para alcanzar el quórum.
En este escenario, el PRO optó por la cautela y señaló que un equipo técnico se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Desde ese espacio indicaron que la temática es central para la seguridad y la defensa nacional, por lo que prefieren esperar la reglamentación y los protocolos de aplicación antes de fijar posición.
En tanto, la UCR y otros bloques dialoguistas aún no expresaron una postura pública, situación que —según fuentes parlamentarias— le otorga margen al oficialismo para intentar bloquear el quórum cuando la oposición impulse la sesión.
Qué dice la ley sobre los DNU
La Ley 26.122 establece que el jefe de Gabinete debe comunicar el dictado de un DNU a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dentro de los diez días. Si no lo hace, la comisión puede abocarse de oficio a su tratamiento.
Asimismo, vencidos los plazos sin dictamen, las Cámaras deben darle al decreto un “tratamiento expreso e inmediato”, argumento central que utiliza la oposición para insistir en su debate durante febrero.
Fuente: NA
