La nueva normativa establece un régimen integral de asistencia, protección y reparación para víctimas de delitos en la provincia. La ley fue impulsada tras el crimen de Joaquín Sperani y recibió el respaldo de todos los bloques legislativos.
La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves por unanimidad la denominada “Ley Joaquín”, una nueva normativa que establece el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos y modifica el Código Procesal Penal de la provincia.
La iniciativa fue sancionada durante la octava sesión ordinaria del 148° período legislativo y contó con el consenso de todos los bloques parlamentarios. La ley lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye por un compañero de escuela.
La normativa establece un régimen integral de derechos, garantías, asistencia, protección y reparación para personas víctimas de delitos en Córdoba, con el objetivo de asegurar su participación informada y efectiva dentro del proceso penal.
El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo provincial y compatibilizado con iniciativas presentadas por distintos legisladores. La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y contó con la presencia de la familia de Joaquín Sperani en el recinto.
Entre los principales puntos, la ley dispone que las víctimas deberán recibir un trato digno y respetuoso, contar con información clara desde el primer contacto con el sistema judicial y acceder a medidas de protección y asistencia interdisciplinaria para evitar situaciones de revictimización.
Además, establece mecanismos de articulación entre organismos estatales para garantizar el intercambio de información y la prevención de nuevos riesgos, así como la implementación de medidas especiales para personas en situación de vulnerabilidad.
La norma también incorpora programas de capacitación obligatoria y periódica destinados a personal policial, fuerzas de seguridad, operadores judiciales, agentes penitenciarios y trabajadores de instituciones públicas vinculadas a la atención de víctimas.
Según el texto aprobado, las capacitaciones deberán incluir contenidos vinculados a derechos humanos, derechos de las víctimas, perspectiva de género, uso racional de la fuerza y estándares internacionales de protección.
La ley considera víctimas no solo a las personas directamente afectadas por un delito, sino también a familiares directos en casos de muerte, desaparición o imposibilidad de ejercer sus derechos, además de representantes legales de niñas, niños, adolescentes o personas con capacidad restringida.
