Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, aceptó la presentación de ATE y la CTA, junto al Observatorio de del Derecho a la Ciudad, que solicita la declaración de inconstitucionalidad de la medida del Gobierno de Javier Milei.
El presidente Javier Milei dijo que hay «indicadores sociales peores que en el 2001» a la vez que «están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia» y aseguró que por eso «nos vimos obligados a hacer el ajuste»
«No lo paga el sector privado, el 60 por ciento cae sobre el sector público», expresó el jefe de Estado en declaraciones realizadas en el programa «La noche de Mirtha Legrand» que se emite por Canal 13, en el que también participa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El objetivo de la demanda busca obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU que fue presentado esta semana en cadena nacional por el presidente Javier Milei y publicado el jueves en el Boletín Oficial, por constituir «el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público».
Los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma, así como la suspensión del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU que establece que «el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación».
En los fundamentos de la presentación los dirigentes también citaron el fallo conocido como «Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25.873 y decreto 1563/04 s/ amparo».
En ese fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) creó la figura de la «acción colectiva» para proteger derechos homogéneos, en el marco de una causa en la que se analizó la inconstitucionalidad de las normas que autorizan la intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet.
Tal decisión permitió, en 2009, que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio, según la información recabada en el Centro de Información Judicial (CIJ).
En ese sentido, la presentación del Observatorio del derecho a la Ciudad también consideró el aporte de las acordadas 32/2014 y 12/2016, mediante las cuales la CSJN aprobó en 2014 el «Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos», con el fin de «preservar la estabilidad de la cosa juzgada y evitar situaciones de escándalo jurídico suscitadas por el dictado de sentencias contradictorias», especificaron en el escrito.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también presentó este viernes una acción declarativa de inconstitucionalidad con solicitud de una medida cautelar y reclamó que se declare la nulidad del DNU.
Gil Domínguez hizo su presentación en calidad de ciudadano afectado por el decreto y destacó allí que es «violatorio de la división de poderes».
El DNU 70/2023 intenta mediante la desviación de poder y el abuso de derecho público utilizar un mecanismo excepcional – el dictado de decretos de necesidad y urgencia- para sustituir la función legislativa del Congreso, planteó el abogado especialista en asuntos constitucionales en esa oportunidad.
Al arrogarse el Presidente facultades legislativas, estaría violando la división de poderes, el principio republicano y la prohibición constitucional, planteó el abogado, según pudo reconstruir en ese momento Télam de fuentes judiciales.
En tanto, la ingeniera civil y fundadora de «El Movimiento. La ciudad somos quienes la habitamos», María Eva Koutsovitis, celebró que la justicia haya admitido la presentación del amparo impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y escribió en su cuenta de X: «Nuestro amparo fue admitido por el juez. ¡Vamos!», mientras que en la misma red social este viernes había reportado: «Presentamos acción judicial contra el DNU de Milei por Inconstitucional y antidemocrático para que se declara su nulidad insanable».
