El juez federal Ariel Lijo analiza convocar al jefe de Gabinete a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno. La investigación incluye presuntos contratos irregulares con la TV Pública, posibles dádivas y movimientos patrimoniales bajo sospecha.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría sumar un nuevo capítulo en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo comenzara a evaluar una posible citación a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial.
La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito, posibles dádivas y supuestas irregularidades vinculadas a contratos de la productora Imhouse con la TV Pública.
Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda los resultados de distintas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si avanza formalmente con la convocatoria del funcionario nacional.
En ámbitos judiciales consideran que una eventual indagatoria implicaría que la causa alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para profundizar la investigación sobre el entorno del dirigente cercano al presidente Javier Milei.
Uno de los principales focos del expediente está puesto en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de Imhouse, empresa que mantiene contratos con medios estatales.
La Justicia investiga particularmente un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.
Aunque el funcionario aseguró públicamente que el traslado fue abonado con recursos propios, documentos incorporados al expediente contradicen esa versión.
El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo habría sido reservado y pagado por Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, sostuvo el intermediario en su declaración judicial.
Según la investigación, parte de la facturación del vuelo habría sido realizada directamente a través de Imhouse y posteriormente cargada a Grandio por un monto cercano a los 3.000 dólares.
Además, el juzgado ordenó cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre los teléfonos de Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de la productora, para determinar posibles contactos vinculados a la firma de contratos con la TV Pública.
Entre los convenios bajo análisis aparecen distintos programas televisivos, radiales y de streaming emitidos por medios estatales, entre ellos “La Caja de Pandora”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.
La investigación también se extiende sobre el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los puntos observados es una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
De acuerdo con el expediente, la vivienda habría sido adquirida por unos 120 mil dólares y posteriormente remodelada con obras y mobiliario valuados en aproximadamente 245 mil dólares.
Los investigadores analizan si los ingresos declarados por el funcionario son compatibles con el nivel de gastos detectados.
Otro de los aspectos bajo estudio es la presunta utilización de efectivos de Gendarmería Nacional para tareas de seguridad privada en el country donde reside Adorni, situación que podría derivar en una investigación por presunto uso indebido de recursos públicos.
Mientras continúan las medidas de prueba, crece la expectativa en los tribunales de Comodoro Py sobre una eventual definición de Ariel Lijo respecto a la situación procesal de uno de los funcionarios más cercanos al Gobierno nacional.
