El proyecto de Presupuesto 2025 estipula una inversión del 0,88% del PBI en educación, lo que representa una disminución respecto al 0,91% en 2024 y al 1,48% en 2023.
Tras un recorte del 40% en 2024, el Gobierno continuará con el plan de ajuste en educación para el próximo año. El dato surge de un análisis de del Presupuesto 2025, en el que se verificó que la administración de Javier Milei invertirá el 0,88% del PBI en el área.
En un contexto de ajuste fiscal, el proyecto de Presupuesto 2025 sigue al pie del cañón el férreo plan de recortes del Gobierno, en base a su premisa de «déficit cero». La inversión del 0,88% del PBI prevista para el año que viene es también menor a la de 2024, la cual destinó el 0,91%, y de 2023, con el 1,48%.
Los preocupantes datos surgen del reciente informe “Presupuesto educativo nacional 2025”, del Observatorio de Argentinos por la Educación (AE), con autoría de Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP – UBA CONICET), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén.
Presupuesto 2025: el Gobierno continúa con el ajuste en educación
La inversión prevista para el año próximo implica un incremento nominal del 0,65% respecto a 2024, aunque la proyección de inflación sugiere que, de no tomarse medidas efectivas, la inversión real podría continuar cayendo. En este contexto, la Secretaría de Educación se verá beneficiada con un aumento del 6,87% en comparación al cierre proyectado de 2024, pero esta cifra la coloca en el puesto 14 entre las funciones del Estado que recibirán más recursos.
Mientras la educación superior acapara el 66,5% del presupuesto de la Secretaría, otros programas, como el Plan Nacional de Alfabetización, recibirán un 11,6%. Sin embargo, se prevé la eliminación de programas clave, como «Conectar Igualdad», lo que pone en jaque el acceso y la calidad educativa, especialmente para los sectores más vulnerables.
En diálogo con Ámbito, Leyre Sáenz Guillén, miembro del Observatorio de Argentinos por la Educación explicó: «La ley de Financiamiento Educativo se cumplió solamente en el año 2025. La ley estipula que se debe destinar un piso del 6% del PBI como mínimo a Educación, pero no detalla cuánto corresponde a Nación y cuánto a las provincias».
«Esto nos sitúa hoy con una deuda equivalente a una partida presupuestaria entera para educación, si sumamos el acumulado de deuda en 18 años desde que se sancionó la ley hasta la actualidad», agregó Sáenz Guillén.
Respecto al informe publicado, la especialista señaló que «en 2023 se invirtió el 1,48% del PBI por parte de Nación y en 2024 se invirtió 0,91%, lo que representa una caida brutal si vemos la serie histórica. Es una caida muy fuerte».
«Cuando vemos en términos reales, de 2023 a 2024 cayó un 40% la inversión en educación, mientras que el gasto en la administración pública cayó un 20% en el mismo periodo» amplió Sáenz Guillén, comparando el ajuste en otras áreas del Estado desde que asumió el gobierno de Milei.
Presupuesto 2025: el impacto en la educación del sector privado
El impacto del recorte lo padece la educación del sector público y también repercute en el sector privado. Ámbito habló con Marina Jaureguiberry, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) para saber cuál es la situación en el área.
Según Jaureguiberry, los recortes de los recursos destinados a la educación en el Presupuesto 2025 impactan en varios planos en la enseñanza del sector privado.
«Los recortes en la administración central afectan al conjunto de planes y programas que el ex Ministerio de Educación de la Nación promovía con acuerdos del Consejo Federal en las jurisdicciones provinciales y en CABA. Estas iniciativas llegaban a las escuelas del sector privado, como la eliminación del fondo para el fortalecimiento del equipamiento de las escuelas técnicas, dispuesto en la ley de educación técnico profesional; el recorte en las propuestas de formación docente continua a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) o el Plan Fines», sostuvo.
«No obstante, el ejemplo por antonomasia de la afectación a los salarios docentes por recortes presupuestarios son los del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo de Compensación Salarial para las provincias que no llegaban al mínimo», expresó la secretaria general de Sadop.
«El estrangulamiento a las transferencias, que ya se está ejecutando y que se prevé en el Presupuesto 2025, no solo impactará en las ya alicaídas cuentas provinciales sino que tendrá, como en el caso de salud y seguridad, impacto directo en el desfinanciamiento de la educación en todos sus niveles y en el pago de los sueldos docentes. Además, esto afecta la composición del salario docente en las sumas no remunerativas que, en algunas provincias alcanza hasta cerca del 80%».
«Cuando Milei habla de ´inversión estratégica´ se refiere a considerar a la educación como una mercancía y no como un derecho humano y social, tal como lo expresa la ley de Educación. Se refiere a la relación entre la demanda productiva y los denominados recursos humanos en una idea donde la producción es meramente extractivita y no requiere ciencia y tecnología para su transformación y puesta en valor», resaltó Jaureguiberry.
Recortes en el presupuesto de educación: el foco sobre las universidades
Otro de los puntos clave del Presupuesto 2025 es el de los recursos destinados a la educación superior, un tema que generó mucha discusión política en las últimas semanas, a raíz del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
Marcelo Rabossi, economista, doctor en educación y profesor de la Univerisdad Di Tella dialogó con Ámbito y analizó los recortes en el presupuesto educativo y su correlato con el financiamiento a las universidades sumado al arancelameinto, otro de los temas que Milei puso sobre la mesa en la discusión pública.
«Toda baja que se realice en el presupuesto educativo te generará múltiples problemas en el mediano y largo plazo, cuestiones difíciles de revertir. Pero peor aún sobre todo si partís de valores muy al límite que en el caso de la universidad son realmente bajos».
«Y con un agravante, que el sector privado, y no hablo de aranceles directos en las universidades públicas, aporta muy poco al financiamiento del sistema. De hecho, en la región, la Argentina es uno de los países en donde el Estado más aporta al sostenimiento del sistema universitario ya que 8 de cada 10 estudiantes cursa en una universidad nacional mientras que, en el resto de América Latina, en promedio son 5 de cada 10. A esto le sumamos que Argentina no cobra ningún tipo de arancel ni impuesto al graduado como son los casos de Chile, Brasil y Uruguay, por ejemplo».
Por eso, Rabossi consideró que «habría que pensar cómo se podrían complementar los recursos públicos con los privados para aumentar la torta que sostiene al sector superior de educación».
«Si este nuevo paradigma de equilibrio fiscal que plantea el Gobierno no se lo vincula a una agenda de desarrollo, será muy difícil ponerle fin a una pobreza estructural que desde hace años navega entre el 30% o 40%», reflexionó.
Respecto al recorte en el financiamiento universitario y el conflicto que hoy tiene facultades tomadas en protesta, para Rabossi «la universidad deberá convivir con un presupuesto acotado durante los próximos años, y deberá encontrar formas alternativas de financiarse, buscar recursos más allá de los que les provee el Estado, pero, sobre todo, ser lo más eficientes posible en la utilización de sus recursos».
Para el especialista, «se debería pensar al sistema de educación superior como un todo, uno que incluya no solo al sector privado sino al terciario no universitario que es donde se forman alrededor de 8 de cada 10 docentes de escuela a la vez que ofrece carreras técnicas. Debería generarse una suerte de sinergia o un mayor diálogo entre sectores y que la universidad no sea, desde su función de formar profesionales, una entidad que construye una infraestructura para albergar a más de dos millones de estudiantes para que solo 95.000 se reciban cada año».
«Otro gran desafío que debería figurar en la agenda es la jerarquización de un grupo de instituciones que deberían convertirse en entidades muy selectivas, gratuitas, y financiadas con dinero público y privado. La selectividad debe ser intelectual y no económica, de allí el concepto de gratuidad. Ocurre que como sociedad debemos utilizar estos momentos de cierta oscuridad presupuestaria para pensar hacia dónde como país queremos ir y cómo llegar a ese lugar de manera exitosa» concluyó Rabossi.
Fuente: Ámbito
