Adriana Nechevenko declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y sostuvo que las operaciones se realizaron mediante hipotecas por saldo de precio. La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito.
La escribana Adriana Nechevenko se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aseguró que “no hubo un préstamo” en la adquisición de los inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La declaración, que se extendió por más de dos horas, se centró en explicar el esquema utilizado para validar las operaciones inmobiliarias vinculadas a propiedades ubicadas en el barrio de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz.
Según trascendió, Nechevenko indicó que las operaciones se realizaron bajo la modalidad de “compra-venta con hipoteca por saldo de precio”, y no mediante préstamos tradicionales, como se había sugerido en un primer momento.
Además, remarcó que mantiene desde hace años una relación profesional tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.
Si bien la escribana habría presentado la documentación requerida por la fiscalía, evitó realizar declaraciones públicas al ingresar a la sede judicial.
La causa judicial también analiza el origen de los fondos utilizados para la compra de los inmuebles y el rol de las personas que figuran como financiadoras de las operaciones.
En ese marco, el fiscal Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que habrían otorgado hipotecas privadas al funcionario. Dos de ellas deberán presentarse este jueves 9, mientras que las restantes lo harán el lunes 13.
Las prestamistas fueron identificadas como Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a una de las propiedades, y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, relacionadas con otra operación en el mismo barrio porteño.
De manera paralela, también se investiga el pasado profesional de la escribana, a partir de reportes que la vinculan con presuntos servicios brindados a organizaciones de narcotráfico.
La declaración de Nechevenko se suma a una serie de medidas impulsadas en la causa, que busca determinar la legalidad de las operaciones inmobiliarias y la consistencia de las declaraciones patrimoniales del funcionario nacional.
