El máximo tribunal cerró una causa colectiva de jubilados y volvió a reclamar al Parlamento que cubra el cargo vacante desde 2009 y legisle sobre procesos colectivos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró su exhortación al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo, cargo que permanece vacante desde 2009, y sancione una ley que regule los procesos colectivos en el país. El pedido se dio en el marco del cierre de una causa iniciada en 2007 para extender el alcance del histórico “fallo Badaro” a todos los jubilados y pensionados en situación similar.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que la falta de un Defensor del Pueblo obstaculizó el trámite del expediente, ya que ese organismo era el que debía adaptar la demanda a los requisitos fijados por el propio tribunal. También remarcaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en estos años modificaron el escenario de reclamo.
Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti coincidió en que la prolongada acefalía en el cargo fue una de las principales causas de la demora en el proceso, aunque advirtió que la Defensoría carecía de legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones de carácter patrimonial.
El caso tuvo origen en una acción colectiva presentada por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien buscó que el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte a favor de Adolfo Badaro se aplicara a todos los jubilados. La Cámara de la Seguridad Social rechazó el planteo al considerar que se trataba de derechos individuales, lo que dio lugar a la apelación ante el máximo tribunal.
La Corte recordó que desde el fallo “Halabi” de 2009 viene reclamando al Congreso una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos. A más de 15 años de aquel antecedente, el pedido aún no fue atendido.
