La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Deberá cumplir con 6 años de prisión y no podrá ejercer cargos públicos.
La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «Vialidad», mediante un fallo unánime firmado por sus tres integrantes. De esta manera, quedó firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. A su vez, fue desvinculada del delito de asociación ilícita, tal como lo había solicitado la fiscalía.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron un fallo conjunto en el que desestimaron los argumentos presentados por la defensa de la exmandataria. Consideraron que las sanciones aplicadas responden al marco legal vigente y que su aplicación protege el orden democrático y republicano del país.
La ex presidenta había sido condenada a fines de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte decidió no revisar la acusación de asociación ilícita, argumentando la inadmisibilidad del planteo conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
En su resolución, el máximo tribunal explicó que los planteos defensivos involucraban temas de hecho y prueba que no competen a la instancia extraordinaria de revisión. Entre los puntos analizados, se mencionaron vínculos comerciales entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, como contratos relacionados con la explotación de hoteles y negocios inmobiliarios, que no fueron impugnados de fondo por la defensa.
Según los magistrados, quedó demostrado que la entonces presidenta actuó con conocimiento y voluntad de generar un perjuicio al Estado, priorizando beneficios privados. Indicaron que la decisión de favorecer determinados intereses relegó el bien público y que Kirchner comprendía el impacto de sus actos al momento de ejecutarlos.
El origen de la causa
La investigación comenzó en 2016 y puso el foco en si el empresario Lázaro Báez había sido favorecido de forma irregular con 51 contratos de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El fiscal Diego Luciani acusó a la expresidenta y a varios funcionarios de haber direccionado las licitaciones en perjuicio del erario público.
El juicio oral se inició en 2019 y concluyó en 2022 con la condena de Kirchner. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y ahora también por la Corte Suprema.
Junto a la expresidenta, también recibieron penas de prisión Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y otros exfuncionarios nacionales y provinciales, entre ellos Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), y exautoridades viales de Santa Cruz como Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
