La comisión investigadora creada por Diputados para indagar la estafa vinculada a la criptomoneda Libra entregará este martes su informe definitivo. El documento, que reúne meses de actas, testimonios y análisis técnicos, apunta a un entramado de presunto fraude e influencias que involucra a Javier y Karina Milei, mientras cuestiona la falta de cooperación del Ejecutivo y las trabas judiciales al proceso.
La comisión investigadora de la criptomoneda Libra atraviesa sus horas finales y presentará este martes a las 16 en la Cámara de Diputados un informe exhaustivo con las conclusiones del caso, considerado el primer escándalo de magnitud que golpeó al Gobierno de Javier Milei. El presidente del grupo, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), anticipó en X que el documento incluirá “consideraciones y recomendaciones” surgidas del trabajo desarrollado durante estos meses.
La comisión fue creada por impulso de la oposición para esclarecer la presunta estafa ligada a la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que ocasionó pérdidas millonarias a miles de usuarios tras un posteo del presidente Javier Milei recomendando invertir en el activo. Desde el oficialismo, sin embargo, se negó desde el inicio la existencia de un hecho fraudulento, argumentando que se trataba de una simple “memecoin”, y se intentó frenar la conformación del cuerpo legislativo.
El trabajo de la comisión atravesó momentos de fuerte tensión política. En una primera etapa, su funcionamiento quedó paralizado debido al bloqueo del oficialismo para designar autoridades. El impasse se resolvió a partir de un proyecto de Ferraro que permitió normalizar la actividad y avanzar con las citaciones y análisis de documentación.
Pese a ello, todos los funcionarios convocados por la oposición —entre ellos Karina Milei y los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona y Roberto Silva— se negaron a asistir, lo que restó volumen político a la investigación. El único alto funcionario que declaró fue el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien rechazó cualquier vínculo del Estado con el llamado “Viva La Libertad Project”, aunque dejó algunos puntos sin aclarar durante su exposición del 30 de abril.
La comisión también enfrentó obstáculos desde la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi denegó el acceso de los diputados al expediente judicial y no autorizó la presencia forzada de los funcionarios citados, lo que generó malestar entre los legisladores.
Según fuentes parlamentarias, el informe final —que será elevado al recinto antes del 20 de noviembre— consta de un expediente organizado en diez cuerpos que reúne actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.
Las conclusiones apuntan a un entramado de presunto tráfico de influencias y fraude que involucra no solo al presidente Milei y a su hermana Karina, sino también a intermediarios locales como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados por haber recibido fondos desde billeteras vinculadas al creador de la criptomoneda, Hayden Davis. Las transferencias coinciden, según el informe, con reuniones mantenidas en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y con retiros masivos de dinero en una sucursal bancaria.
Entre los testimonios más relevantes figuran el del empresario damnificado Martín Romeo —quien describió en detalle el mecanismo de la estafa— y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei promocionando Libra fue “orquestado y programado previamente” para inducir a error a los inversores. También declararon periodistas, especialistas en finanzas, expertos tecnológicos y analistas del ecosistema cripto.
El documento final buscará ofrecer una reconstrucción completa del caso y establecer responsabilidades políticas, en un contexto de tensión creciente entre el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre el alcance y las consecuencias del episodio Libra.
