La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal por posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos. Los legisladores señalados rechazaron las acusaciones y aseguraron que accedieron a líneas abiertas al público.
La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica-ARI, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores del oficialismo, ante sospechas de posibles irregularidades y conflicto de intereses.
La presentación judicial se basa en información difundida en distintos medios sobre préstamos que oscilarían entre los 100 y 500 millones de pesos, otorgados a funcionarios como Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, así como a legisladores libertarios.
En ese marco, Frade solicitó que se investigue si los créditos fueron concedidos bajo condiciones preferenciales o en violación de los procedimientos establecidos. En su denuncia, pidió acceder a los legajos crediticios completos, a las actas de directorio que aprobaron las operaciones y a informes periciales que determinen si existió perjuicio económico para la entidad bancaria.
Además, requirió que se analice si hubo vínculos entre quienes otorgaron los créditos y los beneficiarios, y si se respetaron las normativas internas del banco, incluyendo su carta orgánica.
Rechazo de los legisladores
Los diputados Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni rechazaron las acusaciones y negaron haber recibido beneficios indebidos.
Campero calificó la denuncia como “maliciosa” y aseguró que el crédito que obtuvo corresponde a una línea hipotecaria en UVAs disponible para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Explicó que el préstamo, solicitado en mayo de 2025, fue destinado a la compra de su vivienda familiar y que toda la documentación es pública.
Por su parte, Bongiovanni sostuvo que “es falso” que haya accedido a condiciones diferenciales. Indicó que el crédito fue otorgado bajo las tasas vigentes en ese momento y remarcó que se trata de una operatoria común, utilizada por miles de argentinos.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación impulsada por Frade apunta a esclarecer si existieron:
- Condiciones preferenciales en tasas, plazos o requisitos.
- Irregularidades administrativas en la aprobación de los créditos.
- Posibles conflictos de interés entre funcionarios y autoridades del banco.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y la Justicia deberá definir si avanza con las medidas solicitadas para analizar en detalle cada una de las operaciones cuestionadas.
