Tras casi siete horas de debate, ayer finalizó la Asamblea Universitaria convocada para analizar el sistema universitario nacional en el contexto actual y sus proyecciones. Hubo unánime posicionamiento respecto de los ejes que se debatieron en cuatro comisiones, de las cuales surgieron sendos documentos críticos sobre las políticas presupuestarias del gobierno nacional, en relación con la educación superior, la ciencia y la tecnología, y la vinculación con la comunidad.
La resolución con esos posicionamientos políticos en defensa de la universidad pública será puesta en conocimiento de los legisladores nacionales por Córdoba, se enviará al CIN y se le dará amplia difusión, al igual que los documentos surgidos de las comisiones de “Extensión Universitaria y Vinculación”, que coordinó el decano de Agronomía y Veterinaria, Rosendo Liboa; de “Investigación”, a cargo del decano de Ciencias Exactas, Germán Barros; de “Presupuesto y Obras Públicas”, presidida por el decano de Ciencias Humanas, Cristian Santos; y de “Enseñanza y Bienestar universitario”, coordinada por el decano de Ingeniería, Pablo De la Barrera.
La Asamblea había comenzado a sesionar el pasado 27 de noviembre, oportunidad en la que se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, para dar lugar al trabajo de las comisiones, que funcionaron de manera simultánea y cuyas definiciones fueron ahora votadas en el plenario.
Con votación unánime, este cuerpo colegiado aprobó las conclusiones de las cuatro comisiones para el tratamiento de temas, relacionados con el objeto de la convocatoria.
Las deliberaciones se concretaron este miércoles en el Aula Mayor del campus, entre las 14 y las 20,40, marco en el que decidió por unanimidad dar por finalizada la Asamblea Universitaria.
“Una política de desfinanciamiento que tiene por objetivo ahogar presupuestariamente”
La Comisión de Presupuesto y Obras Públicas, coordinada por el decano Cristian Santos, de Ciencias Humanas, hizo un pormenorizado análisis de varios aspectos presupuestarios, con énfasis en el impacto del ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional, la comparación de los salarios docentes y nodocentes de 2023 con los 2024, al igual que las becas nacionales y las que se ofrecen con recursos propios, a lo que sumó –entre otros varios aspectos- estimaciones presupuestarias para 2025.
En sus conclusiones, se indicó: “Reafirmamos en todos sus términos las definiciones políticas consagradas en la ley N° 27.204/2015 de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior, en particular la educación de grado como un derecho humano y como una responsabilidad del Estado Nacional, su gratuidad, la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales”. “Entendemos que lo que enfrenta el sistema universitario público nacional es una política de desfinanciamiento que tiene por objetivo ahogar presupuestariamente a las universidades nacionales y atacar al Estado como garante de derechos”. “Los salarios universitarios son los que más pérdida han experimentado, incumpliéndose además los acuerdos paritarios”. “Las becas nacionales han perdido mucho poder adquisitivo; no así las de UNRC, pero dependen de su presupuesto”. “Dentro del presupuesto que propone el Poder Ejecutivo Nacional para 2025, lo previsto para UNRC es un 4% inferior al estimado que se habrá devengado durante 2024, con lo cual no puede garantizar el pago de salarios, la actualización salarial, el pago de becas estudiantiles, el funcionamiento general de la Universidad, ni su plan de obras públicas”. “La no aprobación de presupuesto de ley para 2025, implicaría una nueva reconducción del presupuesto actual. Ello significaría, a su vez, depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en montos y en tiempos de desembolso, algo que imposibilita una planificación institucional adecuada”. “La propuesta del CIN representa un presupuesto adecuado para el Sistema Universitario Público Nacional en su conjunto y también para la Universidad Nacional de Río Cuarto, que quedaría en torno a los $90.000 millones”.
Debilitamiento del sector científico-tecnológico y fuga de cerebros
El Documento de la Comisión de Investigación Asamblea Universitaria 2024 puso en evidencia “el íntimo entramado entre la universidad pública y las políticas de ciencia, tecnología e innovación que se desarrollan en otros organismos de I+D en nuestro país”. “Defender cualquiera de las partes del sistema, significa defender un ecosistema sinérgico, sin el cual no se generarán nuevos conocimientos y avances en áreas sensibles para nuestra soberanía estratégica”, se indica.
Agrega: “El posicionamiento internacional, nacional y regional de la UNRC se observa claramente a través de las numerosas referencias de sus investigaciones a nivel mundial y nacional, y de la extensa red que, a través de los proyectos de investigación, conecta a la universidad con numerosos actores de la región (empresas del sector privado y público, escuelas de nivel inicial y medio, organizaciones sociales, municipios, instituciones públicas y privadas, entre otros). Cualquier política de debilitamiento del sector CyT implica también un debilitamiento y hasta anulación de los lazos construidos a nivel local, regional, nacional e internacional que fortalecen el anclaje territorial de nuestra Universidad”.
“El desfinanciamiento del sector afecta directamente la formación de grado y posgrado, no sólo en términos de la importancia sustantiva de la generación de conocimiento en el ámbito universitario que permite fortalecer la práctica docente y la formación de los futuros profesionales que trabajarán en el medio, sino también porque las tesis de grado y posgrado se sostienen mayormente con proyectos de investigación, por lo que cualquier política de debilitamiento en materia de CyT afecta directamente a la calidad de la enseñanza de grado y posgrado, constituyéndose en un desfinanciamiento indirecto de éstas. A su vez, la dramática situación salarial de investigadores, docentes-investigadores y personal de apoyo técnico y la política de disminución de becas de pregrado, grado y posgrado con notable retraso en sus montos y designaciones, se traduce en otra de las aristas de debilitamiento del sector científico-tecnológico, en tanto se expresa a través de la fuga de cerebros y/o del abandono del camino de la investigación como una vocación o una opción laboral, lo que refuerza la afirmación de que sin ciencia no hay futuro posible”.
“No hay intención política por parte del gobierno nacional de discutir el presupuesto del período 2025 para la Administración Pública Nacional, y en el caso de las universidades nacionales, el Ejecutivo propone la mitad de lo aconsejado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo cual afectará las funciones sustanciales de nuestra institución en caso de que no haya una reconsideración. Por otro lado, sufriremos el impacto adicional de otra decisión política del gobierno al desconocer la Ley 27.614 de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto destinado a ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1 % del PBI en 2032. Entendemos que este desmantelamiento en materia de ciencia y la tecnología en nuestro país forma parte de un plan integral explícito e intencionado de destrucción de organismos científicos tecnológicos descentralizados, otras instituciones estatales incluidas las UUNN, primarización de la economía basada en el extractivismo y la explotación de recursos naturales con altísimo costo ambiental, reducción del salario real de trabajadores y de las jubilaciones”.
“El desarrollo del campo científico tecnológico, con todas sus áreas de conocimiento incluidas, reviste una centralidad política y estratégica sustantiva en términos de soberanía, a fin de construir respuestas situadas, ancladas en las particularidades de la región en la que se inserta la UNRC; de atender y trabajar en respuestas colaborativas e innovadoras con los sectores y actores sociales más vulnerables; de desarrollar y diversificar la matriz productiva atendiendo a la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos; de reconocer, reconstruir y revalorizar el acervo social, cultural, ambiental, económico y productivo local, regional y nacional; de contribuir a la generación de conocimiento y alternativas o soluciones a problemas globales, entre otros. También la trayectoria y consolidación del campo científico y tecnológico en nuestra Universidad ha permitido responder a demandas urgentes y coyunturales locales y regionales”.
“El financiamiento público al sector científico tecnológico, más allá de las complementaciones con otras fuentes, es una responsabilidad indelegable del Estado, puesto que el interés público no debería perseguir los mismos objetivos e intereses que el sector privado, el que lógicamente se rige por otros principios. Por esto, son sumamente necesarias las definiciones de políticas en materia de CyT y de áreas prioritarias de investigación en base a demandas de la sociedad y proyecto de país”.
“Rechazamos cualquier política que atente contra el sostenimiento del sector científico-tecnológico, así como la negación y estigmatización de la relevancia del desarrollo de los distintos campos de investigación y reclamamos el cumplimiento efectivo e inmediato de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (N°27.614)”.
“Exigimos la pronta ejecución de los fondos disponibles del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, lo cual no permite que la Agencia I+D+i cumpla con los plazos y compromisos asumidos. Este impedimento proviene de una decisión política del gobierno nacional, cuyo posicionamiento ideológico determina el no sostenimiento del sistema de ciencia y tecnología, llevado hasta el extremo del pago de punitorios por la no utilización de fondos con el destino intransferible de financiar el desarrollo científico argentino”.
“Rechazamos la discriminación política e ideológica y cualquier tipo de violencia institucional mediada por discursos de odio y provocaciones descalificatorias a trabajadores del sistema científico-tecnológico, las instituciones estatales de salud, las universidades nacionales y la educación pública en general”.
“Afirmamos que la ciencia, la tecnología y la innovación no representan un gasto público que es necesario recortar sino una inversión orientadora de políticas inclusivas, generadoras de trabajo y equidad, que aborden el desarrollo sostenible y generen soberanía. En este sentido, rechazamos cualquier intento de dirigir políticas científicas tendientes a beneficiar a grupos económicos concentrados relacionados al poder financiero en nombre de hacer “ciencia útil”.
“Instamos a nuestras autoridades y todos los claustros del colectivo universitario a defender a la ciencia argentina y además reclamar por un mayor protagonismo y autonomía en la gestión de la función investigación, que realizan las universidades bajo el convencimiento de que la educación superior es una prioridad para el desarrollo argentino. Como comunidad universitaria nos corresponde proteger el valioso patrimonio humano, social, cultural, científico y académico que representa la función de la Universidad Pública”.
Extensión y vinculación en riesgo
La comisión de Extensión Universitaria y Vinculación concluyó que “la territorialización de la actividad universitaria, la curriculización de la extensión y la integralidad de funciones previstas en nuestro estatuto, con importante tradición en esta Universidad Nacional, no pueden ser garantizadas si se aprueba el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
“La situación de reconducción presupuestaria durante el 2024 implicó una asignación tardía, fragmentada y a destiempo del presupuesto universitario que limitó fuertemente la previsibilidad, el desarrollo de acciones comprometidas y alcanzar logros concretos y positivos, afectando la vinculación efectiva y sostenida con la comunidad. Por ello, resulta imprescindible contar con una asignación presupuestaria específica incorporada en el Presupuesto Nacional destinada a esta función, tal se materializó durante 2021 y 2022 en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria. Sin embargo, las políticas actuales del gobierno nacional no se orientan en ese sentido, sino muy por el contrario”.
“Desde fines de 2023 se interrumpió el financiamiento y se discontinuaron las convocatorias de SPU a proyectos de extensión y voluntariado que habían implicado -aún con demoras en la transferencia efectiva de fondos- contar con recursos más significativos durante 2021-2022 y 2022-2023 fortaleciendo acciones de vinculación”.
“Si bien en nuestra Universidad se han logrado sostener en forma bianual convocatorias a proyectos de extensión desde 2019, en cada una de ellas el presupuesto sólo alcanzó a financiar menos de la mitad de las propuestas presentadas, en tanto que aquellas con evaluación positiva que no llegan a cubrirse presupuestariamente, se aprueban, pero sin financiamiento, resintiendo el alcance de los objetivos”.
“El presupuesto destinado a la realización de las Prácticas Sociocomunitarias, dispositivo de curricularización de la extensión en nuestra Universidad, resulta insuficiente”.
“Las acciones de vinculación con el medio están vehiculizadas fundamentalmente a través de convocatorias a proyectos (de extensión, voluntariado, prácticas sociocomunitarias)”. “Este instrumento de financiación logró, en su momento, promover la extensión, pero al mismo tiempo consolidó una situación de cierta fragilidad del quehacer extensionista. Es que, no obstante, sus virtudes, cuando las convocatorias constituyen el principal instrumento de política extensionista, dada su precariedad estructural como forma de financiamiento, resultan insuficientes para consolidar políticas de largo plazo, fortalecer vínculos con organizaciones y comunidades, vincular en forma estable a la extensión con la docencia y promover el desarrollo académico situado en torno a determinadas problemáticas”.
El impacto del desfinanciamiento
La comisión de Enseñanza y Bienestar Universitario, coordinada por el decano de la Facultad de Ingeniería, Pablo De la Barrera, puntualizó el impacto del desfinanciamiento en la educación superior y en materia de ciencia y tecnología, en bienestar estudiantil, en las condiciones laborales del personal universitario.
Entre las conclusiones están “exigencia de financiamiento integral y previsible”, “reivindicación del derecho a la educación y bienestar estudiantil”, “garantías de condiciones laborales dignas”, “defensa de la ciencia y la innovación como prioridad nacional” y “visibilización del impacto social de las universidades”.
Educación superior y ciencia y tecnología
“El desfinanciamiento del sistema universitario y científico-tecnológico por parte del gobierno nacional ha generado un impacto crítico en la formación académica y profesional. La dificultad de financiar trabajos finales de grado y posgrado afecta directamente la calidad educativa y las tasas de graduación. Muchas de estas actividades se realizan dentro de proyectos de investigación financiados por organismos externos como CONICET o FONCYT, cuyos recursos han sido drásticamente reducidos y en otros casos directamente cancelados. Esto repercute en carreras con alta intensidad práctica, tales como aquellas carreras vinculadas con las ciencias exactas, ingeniería o agronomía y veterinaria, donde el acceso a insumos y equipamiento adecuado es esencial”.
“En cuanto a las carreras pertenecientes a las Ciencias Humanas o en relación con las mismas, el desfinanciamiento también afecta de manera negativa, ya que en su trayecto requieren de prácticas profesionales que implican vinculación con el medio e implementación de nuevas tecnologías”.
“Además, la reestructuración de los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología agrava la situación al dificultar la mediación y comunicación entre las universidades y el gobierno nacional. Esta falta de políticas concretas lleva a la resolución de problemáticas en forma improvisadas, como el uso de recursos personales por parte de docentes e investigadores para mantener las actividades académicas y experimentales”.
Bienestar estudiantil
“Las becas otorgadas actualmente son insuficientes en cantidad y valor relativo, quedando muy por debajo de las necesidades de los estudiantes, especialmente en un contexto donde el 50% vive por debajo de la línea de pobreza. Un estudiante en Río Cuarto necesita aproximadamente $700.000 mensuales para cubrir necesidades básicas debido al aumento de costos en alimentos, alquileres, transporte y servicios. Los fondos destinados a residencias estudiantiles y apoyo económico apenas cubren la demanda actual, y esto se ve agravado para 2025 si se considera que el presupuesto necesario se debe duplicar respecto al del 2024 si se quisiera mantener las prestaciones actuales sin ningún tipo de actualización. Esta situación se agrava a nivel nacional, ya que, si consideramos que la UNRC tiene buenos indicadores en materia de bienestar estudiantil, enfrenta desafíos significativos para sostener sus políticas de bienestar. La falta de políticas concretas para el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles por parte del estado, desde el ingreso hasta la graduación, agrava las desigualdades estructurales y afecta el acceso equitativo a la universidad”.
“Por otra parte, la ausencia de un presupuesto adecuado para asistencia primaria en salud obliga a compartir recursos entre las necesidades de los estudiantes y otros servicios universitarios, lo que debilita la atención sanitaria integral”.
Defensa de la ciencia y la innovación como prioridad nacional
“La universidad pública no puede ser ajena al contexto global de avance tecnológico y transformación del conocimiento. La ciencia y la tecnología deben ser pilares estratégicos para el desarrollo del país, lo que exige inversiones específicas en investigación y formación de posgrado. El desfinanciamiento actual pone en riesgo no solo el sistema universitario, sino el futuro del país en términos de competitividad e independencia científica”.
