El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo se presentó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema dejó firme la sentencia y el Tribunal Oral Federal 4 rechazó su pedido de prisión domiciliaria.
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presentó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena a cuatro años de prisión por la causa de la Tragedia de Once. La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4).
El máximo tribunal, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por “inadmisibles” los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido como por el Ministerio Público Fiscal, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La condena considera a De Vido partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Según el fallo del TOF 4, el ex funcionario no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio de la línea Sarmiento.
Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo —vinculado a las 51 muertes y más de 700 heridos provocados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012—, los jueces determinaron que el Ministerio de Planificación ignoró los informes que advertían sobre el deterioro del servicio.
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena en 2024, pero la defensa recurrió ante la Corte en busca de la prescripción de la causa. Con el rechazo del máximo tribunal, el fallo quedó firme y el Tribunal Oral Federal 4 denegó el pedido de prisión domiciliaria.
De Vido, una de las figuras más relevantes del kirchnerismo entre 2003 y 2015, deberá ahora cumplir efectivamente la pena impuesta, que incluye además inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
