Los exlíderes del gremio de recolectores de basura y sus hijos plantearon evitar el juicio con el pago de cerca de 800 mil dólares. Define el Tribunal Federal Uno la semana próxima.
A pocos días del inicio del juicio contra la excúpula del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), acusada de asociación ilícita, lavado de activos, usura y administración fraudulenta, los exlíderes del gremio, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, junto a cinco de sus hijos, propusieron evitar el proceso mediante el pago de una reparación económica cercana a los 800 mil dólares.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian ya adelantó su rechazo a la propuesta, mientras que el Tribunal Federal Uno de Córdoba, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y Fabián Asís, definirá la semana próxima si acepta o no el planteo. «Nos preocupa, como Ministerio Público, la falta de transparencia en el origen de los fondos con los que se intenta realizar esta reparación, ya que se trata de una suma considerable», declaró Hairabedian en diálogo con el programa Otra Vuelta de Tuerca, emitido por FM 102.3 y AM 580.
El fiscal destacó la importancia del juicio oral y público debido al «nivel de trascendencia pública» del caso, con el fin de que se esclarezcan las responsabilidades. Su principal objeción radica en la incongruencia de ofrecer una reparación económica cuando los acusados están imputados precisamente por manejos financieros irregulares. «Si bien alguien puede tener capacidad contributiva para afrontar ciertos pagos, es esencial que se acredite el origen legal de esos fondos, y eso es lo que no está suficientemente claro en la propuesta de la defensa», explicó.
La investigación, iniciada por el fiscal Enrique Senestrari, involucra a un total de 19 personas, entre ellas Saillén y Catrambone, señalados como los líderes de una presunta asociación ilícita que habría operado entre 2009 y 2018. Según la acusación, se dedicaban al lavado de activos, la usura y la administración fraudulenta de los recursos de los afiliados del sindicato y de la mutual. Se estima que aplicaban intereses usurarios que oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual, sin autorización ni control oficial, afectando directamente a los trabajadores afiliados.
La resolución del Tribunal será clave para determinar si el juicio se lleva a cabo o si se acepta la propuesta de evitarlo mediante la reparación económica.
