La medida, encabezada por el sindicato que conduce Federico Cortelletti, se enmarca en un conflicto prolongado con el Tribunal Superior de Justicia y suma nuevas acciones de protesta.
Trabajadores judiciales de Córdoba iniciaron este martes un paro de 38 horas en el marco de un plan de lucha que busca recomponer los salarios del sector. La medida comienza a las 10 de la mañana y se extenderá durante todo el día, como parte de una serie de acciones que impulsa el gremio liderado por Federico Cortelletti.
La decisión de paralizar actividades fue resuelta en asamblea, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinara descontar los días de huelga e impidiera la realización de asambleas en espacios comunes, como el Salón de los Pasos Perdidos, que había sido previamente ocupado por trabajadores.
Desde el TSJ aseguraron que las modificaciones recientemente introducidas en el escalafón implicarán una mejora promedio del 12% en los sueldos de los empleados judiciales provinciales. Sin embargo, descartaron cualquier posibilidad de diálogo salarial con el gremio, al considerar que la reestructuración ya acordada constituye «el máximo esfuerzo» que realizará el Poder Judicial en esta materia.
Además, las autoridades judiciales recordaron que durante 2024 se otorgaron incrementos del 1,8% en enero, y del 2% (no acumulativo) en febrero, marzo y abril. A esto se suma un 2,16% adicional otorgado “a cuenta de futuros aumentos”, que no se descontaría del 2% dispuesto a nivel nacional. No obstante, desde el sindicato aseguran que estos porcentajes no se reflejan en los recibos de sueldo, lo que alimenta el malestar entre los trabajadores.
El conflicto suma un nuevo capítulo con la posibilidad de que esta semana se efectivicen los descuentos por el paro realizado el pasado 1° de abril. Esta medida, anticipada por el TSJ, podría profundizar la tensión entre el Poder Judicial y el personal agrupado en el gremio.
A la par del paro, el sindicato se movilizará este jueves hacia la sede de Apross, junto a otros gremios estatales, para denunciar deficiencias en el servicio de salud y rechazar los aportes obligatorios que realiza el personal para su financiamiento. En tanto, el viernes se llevará a cabo una nueva asamblea en la que se evaluarán los pasos a seguir, en un escenario que se mantiene abierto y sin señales de resolución inmediata.
