El Frente de Jubilados y Pensionados de Río Cuarto publicó una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales por Córdoba. Reclaman que se respete el aumento aprobado por el Congreso y la reincorporación de la moratoria.
La agrupación difundió este lunes una carta abierta dirigida a los diputados y diputadas nacionales por Córdoba, en la que solicita que se rechace el veto total dispuesto por el Poder Ejecutivo a las leyes 27.791, 27.792 y 27.793, vinculadas al sistema previsional.
Las leyes vetadas incluían, entre otras disposiciones, un aumento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, bonos extraordinarios, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. El paquete normativo había sido aprobado por el Congreso y contemplaba una erogación estimada del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2025.
En la carta, los jubilados señalan que “rechazar el veto presidencial es una obligación moral hacia los que menos tienen, y una obligación civil hacia sus representados”, en referencia a los legisladores cordobeses. Además, comparan el costo fiscal del aumento jubilatorio con otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, como la baja de retenciones al agro (0,1% a 0,2% del PBI), la eliminación del impuesto a los Bienes Personales (0,75% del PBI en 2024) y el peso de las tasas de interés de la deuda (estimadas en un 6% del PBI).
El mensaje fue dirigido a los 18 diputados nacionales por Córdoba: Oscar Agost Carreño, Belén Avico, Héctor Baldassi, Gabriel Bornoroni, Gabriela Brower de Koning, Juan Brügge, Soledad Carrizo, Pablo Carro, Natalia de la Sota, Rodrigo de Loredo, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, María Ibañez, Luis Picat, María Ponce, Laura Rodríguez Machado y Alejandra Torres.
El Frente de Jubilados y Pensionados de Río Cuarto viene expresando de forma regular su preocupación por la situación del sistema previsional y las condiciones de vida de los adultos mayores, a través de comunicados, movilizaciones y acciones de visibilización en la ciudad. En este caso, el documento insiste en que los representantes deben priorizar las necesidades de sus votantes por sobre alineamientos partidarios.