La Justicia federal informó que fueron identificados los restos de 12 personas hallados en excavaciones realizadas durante 2025 en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, utilizado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983.
El anuncio fue realizado por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, que comunicó avances en la identificación genética de restos óseos recuperados en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la guarnición militar ubicada en La Calera.
La identificación se logró a partir de estudios de antropología forense realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. En esta nueva línea de investigación fue clave el aporte del geólogo Guillermo Sagripanti, doente investigador de la UNRC.
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Las excavaciones se llevaron adelante en 2025 en el predio donde funcionó uno de los mayores centros de detención ilegal del país durante el período del terrorismo de Estado.
Según el comunicado judicial, los análisis permitieron obtener un resultado parcial en la identificación genética de 12 personas, cuyos restos habrían sido enterrados clandestinamente en ese lugar.
Notificación a los familiares
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género del juzgado, a cargo de Juan Miguel Ceballos, explicaron que actualmente se encuentra en marcha el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas.
“Estamos trabajando en el proceso de notificación a los familiares, en un respeto estricto a esos grupos familiares, que deben ser los primeros en enterarse”, indicó el funcionario.
En ese marco, el tribunal consultará a las familias si desean que la información sea difundida públicamente o manejada de manera reservada.
Un proceso judicial complejo
La identificación de restos de personas desaparecidas implica además una serie de procedimientos legales posteriores, como la emisión de certificados de defunción por parte del Registro Civil, comunicaciones al Registro Nacional Electoral y la incorporación de la información a distintas causas judiciales vinculadas a los crímenes de la dictadura.
Los resultados también deberán ser notificados a tribunales orales y a instancias judiciales superiores en aquellos casos en los que las víctimas formen parte de investigaciones o sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Las excavaciones y peritajes continúan formando parte de los esfuerzos por identificar a las víctimas del terrorismo de Estado que permanecen desaparecidas desde hace casi cinco décadas.
