El Frente de Gremios Estatales y Aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba reclamó al Gobierno provincial que los fondos enviados por la Nación se traduzcan en medidas concretas para trabajadores activos y jubilados. Los sindicatos sostienen que la administración de Martín Llaryora debe cumplir compromisos vinculados con los haberes y los aportes previsionales.
El planteo fue difundido este viernes a través de un comunicado, luego de que se confirmara, según informó La Nueva Mañana, la llegada de fondos nacionales a la Provincia de Córdoba.
Los gremios cuestionaron particularmente los efectos que atribuyen a la Ley 11.087, normativa que modificó el esquema de aportes y beneficios previsionales provinciales. En ese marco, reclamaron que se avance con medidas que permitan atenuar el impacto de los descuentos sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.
Los reclamos al Gobierno de Córdoba
Entre las medidas que, según los sindicatos, fueron comprometidas pero todavía no se concretaron, aparece el pedido para elevar el piso a partir del cual se aplica el diferimiento de haberes. Actualmente, señalaron, alcanza a quienes perciben ingresos superiores a $1.650.000.
También solicitaron modificar el piso establecido en el artículo 58 de la normativa, que alcanza a personas que perciben más de un beneficio y que, de acuerdo con los gremios, puede provocar que el descuento afecte de manera significativa uno de esos ingresos.
El Frente de Gremios Aportantes también hizo referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y reclamó al Poder Ejecutivo provincial que cumpla los criterios establecidos por el máximo tribunal cordobés.
En particular, los sindicatos plantearon reducir la alícuota prevista en la Ley 11.087 del 8% al 6%, además de avanzar con una disminución progresiva de los aportes extraordinarios contemplados en la normativa.
Pedido por el endeudamiento de los trabajadores
El comunicado también vinculó la situación previsional con el nivel de endeudamiento de los hogares. Los gremios citaron datos que indican que el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda, mientras que el 44% destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros.
Según señalaron, ese porcentaje duplica el registrado en 2024, cuando alcanzaba al 18%, y constituye una muestra del impacto que tiene el endeudamiento sobre los ingresos familiares.
En ese contexto, solicitaron al Gobierno provincial que implemente medidas para frenar lo que calificaron como una «agresiva política de recupero de deudas» que afecta a trabajadores públicos y que se adopten mecanismos para reducir el peso de los descuentos financieros.
Los gremios que integran el frente
El documento fue firmado por distintos sindicatos aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, entre ellos SEP, UEPC, Suoem, AMET, Sadop, Judiciales, Federación de Municipales, UPS, Luz y Fuerza Córdoba, Luz y Fuerza Río Cuarto, Luz y Fuerza Regional, Bancaria Córdoba y Bancaria Río Cuarto, además de otras organizaciones.
Los gremios vienen reclamando la derogación de la Ley 11.087 y cuestionan el incremento de los aportes previsionales dispuesto por la Provincia bajo el argumento de atender el déficit del sistema previsional.
El planteo se produce en medio de la discusión sobre el financiamiento de la Caja y el impacto de las medidas previsionales sobre los ingresos de trabajadores activos y jubilados provinciales.
