En un contexto de grave crisis socioeconómica, el Gobierno de Javier Milei recurre a decretos cuestionados por su inconstitucionalidad, como el DNU 846/24, que le otorga potestad para renegociar la deuda pública sin pasar por el Congreso. Las políticas libertarias del presidente profundizan la desigualdad en lugar de resolverla.
OPINIÓN
CARLOS HELLER
DIRIGENTE COOPERATIVISTA
La difícil situación socioeconómica que padece la mayor parte de la población coincide en estos días con un panorama no menos grave en materia institucional, toda vez que desde el más alto nivel político se atenta contra las prácticas republicanas. Ese es el caso de la sistemática subestimación del rol del Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, en busca de tener el camino allanado para avanzar con sus políticas.
Muestra clara de ese accionar es el Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24, que relativiza el rol que le corresponde al Congreso Nacional en una cuestión tan relevante como es el manejo de la deuda pública.
Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo se atribuye, entre otras cuestiones, la potestad para renegociar la deuda en dólares sin pasar por el Parlamento, algo que está vedado en la legislación vigente. Según el decreto, los precios de los instrumentos renegociados «serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados», y no los valores técnicos, como ocurría hasta el momento.
La medida deja asimismo sin efecto lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda reestructuración de deuda debe implicar un mejoramiento de las operaciones originales en al menos dos de tres condiciones: monto, plazo y tasa de interés.
Los representantes de Unión por la Patria (UxP) en Diputados y en el Senado advertimos en conferencia de prensa sobre esta irregularidad, ya que las leyes no se pueden cambiar por decretos. Estos, para quedar firmes, tienen que ser ratificados por el Congreso. O caen si las dos Cámaras los rechazan. Señalamos además que lo previsto en el DNU podría derivar en un alto costo para el país, a cambio de grandes rendimientos para los inversores. Es evidente que cuantos más intereses de la deuda se tengan que pagar, mayor será el ajuste fiscal que deberán afrontar los argentinos y las argentinas, en el marco del déficit fiscal cero «inquebrantable» que persigue el Gobierno.
Por otra parte, los legisladores de UxP aportamos datos concretos sobre el incremento de los compromisos del Estado nacional. Lo cual se explica en gran medida por el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro.
El Gobierno, al parecer, ante las dificultades para conseguir fondos frescos del exterior trata de construir una alternativa legal para alargar los plazos de los vencimientos de capital. Para eso pretende eliminar los límites que fueron establecidos años atrás, precisamente a fin de evitar situaciones como las sufridas con el gravoso Megacanje de 2001.
El Parlamento debería rechazar cuanto antes este decreto, de la misma forma que rechazó el de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. En el ínterin, teniendo en cuenta los tiempos que suele demandar el tratamiento parlamentario de los DNU, el riesgo real que se presenta es que el Ejecutivo lleve adelante una operación de deuda y se genere un hecho consumado.
Otro ejemplo de la misma preocupante orientación del oficialismo, de lograr vía decretos lo que no pudo habilitar con una ley, es la decisión de declarar como «sujeta a privatización» a Aerolíneas Argentinas. Una medida anticipada este viernes por el vocero Manuel Adorni, cuando la compañía había sido excluida del listado de aquellas que la Ley Bases incluyó entre las destinadas a enajenarse.
Libertad y pobreza
Día a día el presidente Javier Milei expresa crudamente sus posiciones anarco-capitalistas y sus particulares ideas sobre la «libertad». Lo hizo hace pocos días al hablar en la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cuestionó las metas de la Agenda 2030 del organismo, a las que definió «un programa de gobierno supranacional, de corte socialista», que pretende «solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con una legislación que lo único que hace es profundizarlas».
Desde luego, esas son palabras que chocan contra los hechos, aquí, en nuestro país, donde el laboratorio libertario puesto en marcha por el jefe de Estado provocó un abrupto salto de la pobreza, de casi trece puntos entre el primer semestre de 2023 y la primera mitad de este año.
Actualmente, el 52,9% de las personas son pobres (frente al 40,1% de doce meses atrás). En cuanto a la magnitud de la indigencia, el 18,1% de las personas en situación de pobreza extrema no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria, proporción que casi duplica el registro de un año atrás (9,3%). No parece que la evidencia de millones de nuevos sumergidos, en medio de un agudo cuadro recesivo, le dé la razón al presidente.
