El juez Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno contra el fallo por la Ley de Financiamiento Universitario, pero mantuvo vigente la cautelar.
La Justicia federal concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero mantuvo vigente la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la normativa. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien dispuso que continúe el trámite de ejecución mientras la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revisa la resolución.
De esta manera, la apelación no suspende el cumplimiento de la medida judicial. La cautelar establece que el Gobierno debe garantizar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Ahora, la Cámara deberá resolver si confirma o revoca el fallo de primera instancia.
Qué dispuso el juez Martín Cormick
En su resolución, el magistrado determinó que continuará la ejecución de la medida cautelar vigente, pese a conceder el recurso presentado por el Ejecutivo. El pronunciamiento mantiene, por el momento, las obligaciones establecidas en la decisión judicial anterior.
El conflicto se originó a partir de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y de las condiciones establecidas por el Gobierno nacional para su implementación.
La medida judicial alcanza a tres aspectos centrales del sistema universitario: los recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones, la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y la actualización de las becas destinadas a estudiantes.
La revisión por parte de la Cámara será determinante para definir si se mantiene la resolución cuestionada por el Gobierno o si se introducen modificaciones. Hasta que exista una nueva decisión judicial, la cautelar continúa vigente, según lo dispuesto por Cormick.
Los argumentos del Gobierno para apelar
El Ministerio de Capital Humano cuestionó el fallo al sostener que genera «agravios concretos y de significativa gravedad institucional» y compromete el orden fiscal. Entre sus argumentos, el Ejecutivo planteó que la aplicación de la ley tendría consecuencias presupuestarias de gran magnitud.
Según el escrito presentado por las autoridades nacionales, la normativa no identifica una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos que implica su cumplimiento.
El Gobierno también sostuvo que los recursos necesarios deberían obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias. De acuerdo con su planteo, esa alternativa podría alcanzar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
En esa línea, el Ejecutivo pidió que las disposiciones sobre financiamiento universitario sean interpretadas en conjunto con las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, vinculadas con la administración, la autorización y la ejecución del gasto público.
La disputa por los recursos universitarios
La controversia judicial se desarrolla en torno a la obligación del Estado nacional de garantizar los recursos previstos en la ley y a los cuestionamientos del Gobierno sobre su impacto presupuestario.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la aplicación de la normativa compromete el equilibrio de las cuentas públicas, la resolución judicial mantiene la obligación de avanzar con las medidas contempladas en la cautelar.
La próxima instancia será la revisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Su decisión permitirá establecer si se confirma o modifica el criterio adoptado en primera instancia.
Por el momento, la concesión de la apelación no implica que el fallo haya sido revocado ni que las obligaciones judiciales hayan quedado suspendidas. La medida cautelar continúa vigente y su ejecución deberá seguir adelante mientras se tramita la revisión, conforme a lo dispuesto por el juez.