La administración de Javier Milei evalúa convocar a autoridades universitarias para destrabar el conflicto, mientras crece la posibilidad de una movilización en mayo.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el sistema académico. En la Casa Rosada reconocen que trabajan en una salida para cumplir con el fallo judicial que obliga a sostener el financiamiento, al tiempo que analizan convocar a rectores en los próximos días.
Según trascendió, el oficialismo busca retomar el diálogo a principios de mayo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita ordenar las cuentas sin escalar el conflicto. Sin embargo, desde el ámbito universitario aseguran que no existe un entendimiento vigente y advierten que se prepara una nueva movilización para las próximas semanas.
El antecedente inmediato se remonta a febrero, cuando el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo impulsó una propuesta para recomponer parcialmente los salarios docentes y no docentes. La iniciativa no prosperó y en sectores del oficialismo apuntan contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusan de haber frenado el avance legislativo, algo que su entorno niega.
Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar margen. A través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario que le permitiría estirar los tiempos en medio de un escenario económico complejo, atravesado por la inflación.
“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, admitió una fuente del oficialismo, reflejando las dificultades para sostener el esquema actual.
En paralelo, no se descarta avanzar por decreto como alternativa para reconfigurar el financiamiento, aunque esa opción podría profundizar el conflicto político e institucional.
La tensión también se traslada al plano interno del Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para coordinar una estrategia que combine viabilidad fiscal y respuesta jurídica.
Del lado de las universidades, el malestar crece. Reclaman la falta de recomposición salarial tras las pérdidas de 2024 y la ausencia de previsibilidad para 2026. En ese contexto, comienzan a organizar una nueva protesta que podría replicar la masividad de la marcha universitaria del año pasado.
Aun así, en el oficialismo relativizan el impacto de una eventual movilización. “La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, deslizó una fuente cercana al Gobierno, mientras el conflicto suma capítulos y mantiene abierta una de las principales tensiones de la gestión.
