Antes de que caduquen las facultades delegadas, el presidente Javier Milei avanzó con una fuerte reducción del Estado. Entre los organismos afectados se encuentran el INTA, INTI, ARICCAME e INAFCI. Miles de puestos laborales están en riesgo.
En un nuevo capítulo del ajuste estatal, el Gobierno nacional anunció este lunes la reestructuración y cierre de organismos públicos clave, en el marco de las facultades delegadas que vencen el 9 de julio. Entre los más relevantes se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con gran peso en el desarrollo científico y agroindustrial del país.
Según lo informado por el Ministerio de Economía, las medidas buscan “optimizar funciones y recursos”, aunque los gremios y sectores productivos alertan sobre el impacto en el empleo y la pérdida de capacidades técnicas estratégicas.
Además del INTI y el INTA, también se disuelven o reestructuran los siguientes organismos:
- La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que pasará a ser una dirección en la Secretaría de Industria y Comercio.
- El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que quedará bajo la órbita de Agricultura.
- El Instituto Nacional de Semillas (INASE), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Agricultura.
- El Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), que será absorbido por la misma secretaría pero mantendrá su nombre.
- El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que perderá su carácter descentralizado y dependerá directamente de Industria y Comercio.
El Ejecutivo también confirmó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Asimismo, fusionará dos entes reguladores energéticos: el ENRE y el ENARGAS.
Entre los argumentos oficiales se sostiene que estos organismos presentan “sobredimensionamiento”, superposición de funciones con el sector privado y “gestiones ineficientes”. En el caso del INTI, por ejemplo, se destaca que tiene más de 2.300 agentes y un presupuesto que supera los 85 mil millones de pesos. En el INTA, el recorte afectará a más de 6.000 trabajadores.
Organizaciones gremiales y sectores vinculados a la ciencia y la producción advierten sobre los efectos sociales y económicos de estas medidas. Además, cuestionan la falta de debate parlamentario, dado que estas decisiones se toman bajo el paraguas de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, las cuales finalizan este miércoles.
Con este paquete, el Gobierno avanza en su plan de achicar el Estado antes del vencimiento de sus poderes especiales, reafirmando su política de desregulación y ajuste fiscal.
