La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si acepta el pedido presentado por la Argentina para se mantenga en suspenso el fallo.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe resolver si mantiene la medida que frena la orden de la jueza Loretta Preska para que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago en el juicio por la expropiación de 2012.
El fallo de Preska, emitido en junio, estableció que el Estado argentino debía cancelar una indemnización de 16.100 millones de dólares con esos títulos. La decisión de la Corte podría seguir tres caminos: ratificar la suspensión, rechazarla y habilitar la ejecución del traspaso, o bien mantener la medida cautelar pero reemplazar las acciones por otros activos, como bonos soberanos.
En caso de que la suspensión se mantenga, habrá una nueva instancia para definir el destino de las acciones. Si se rechaza, el país podría negociar con los acreedores o no cumplir el fallo, lo que implicaría riesgo de desacato y eventuales embargos sobre reservas del Banco Central o activos de la petrolera.
Un conflicto iniciado por la forma de la expropiación
El litigio no cuestiona la potestad del Estado argentino para expropiar YPF, sino la omisión de una Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía. La falta de ese procedimiento afectó a inversores que habían adquirido acciones en la Bolsa de Nueva York, lo que habilitó la competencia de la justicia estadounidense.
El caso tiene origen en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF y vendió acciones bajo regulación de Wall Street. Años más tarde, el Grupo Petersen adquirió el 25% de la petrolera con financiamiento de Repsol y bancos internacionales. La expropiación dispuesta en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Ley 26.741, frustró el esquema de pago de Petersen, que dependía de dividendos que la compañía dejó de distribuir, precipitando su quiebra.
El rol de Burford Capital
En 2015, la quiebra del Grupo Petersen en España llevó a subastar el derecho a litigar. Burford Capital, firma especializada en financiar demandas, asumió el caso y también respaldó el reclamo de Eton Park, otro accionista. Según el acuerdo judicial, si se cobra la indemnización, el 70% se destinará a Burford y el 30% a la masa de acreedores de Petersen.
Fuentes allegadas a la familia Eskenazi, controladora del Grupo Petersen, afirman que aportaron 100 millones de dólares propios en la operación inicial de compra de acciones.
