Las universidades públicas de Córdoba pidieron respaldo legislativo al proyecto de financiamiento. Se reunieron con legisladores en la UNC para exigir respaldo político ante la crítica situación presupuestaria. La rectora de la UNRC, Marisa Rovera, advirtió sobre el impacto en salarios, obras e infraestructura.
La convocatoria se realizó desde la UNC, en el marco del debate parlamentario sobre una nueva Ley de Financiamiento Universitario, a partir de una propuesta presentada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical. Estuvieron presentes algunos legisladores de distintos bloques políticos. El proyecto establece un piso de financiamiento, sin nuevos impuestos y con equilibrio fiscal.
Rectores de las universidades públicas de Córdoba participaron este lunes de una reunión en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) junto a legisladores nacionales, gremios docentes y nodocentes, y representantes estudiantiles. El objetivo fue exigir respaldo político al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, ante la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior.
Desde hace dos años, las universidades funcionan con el presupuesto prorrogado de 2023. Según los rectores, las actualizaciones recibidas han sido insuficientes frente a la inflación, lo que dificulta el sostenimiento de las actividades académicas, la investigación y las obras de infraestructura.
“Esperamos tener el acompañamiento a nivel nacional para la Ley de Financiamiento. Venimos atravesando un presente con mucha incertidumbre y preocupación, sobre todo en los salarios docentes, y ni hablar del presupuesto para nuevas obras de infraestructura”, señaló Marisa Rovera, rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), una de las voces presentes en el encuentro.
La rectora destacó que “la universidad pública es un derecho que nos pertenece a todos” y subrayó que el sistema educativo no puede estar alejado de quienes toman decisiones. “Los legisladores también son parte de esta realidad. ¿Quién no tiene un hijo, un vecino, un hermano en la universidad?”, expresó.
Junto a Rovera participaron Daniel Garis, secretario general de ATURC; Florencia Granato, de la Asociación Gremial Docente (AGD); y el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, Valentín Caglieri.
Por su parte, el rector de la UNC, Jhon Boretto, remarcó que el propósito del encuentro fue visibilizar la situación y trasladar el reclamo al Congreso. “Llevamos dos años con presupuesto reconducido, con actualizaciones siempre por debajo de la inflación”, explicó.
Durante la reunión, el diputado nacional Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) advirtió que el actual rumbo en materia educativa puede llevar a muchos jóvenes a buscar oportunidades fuera del país. “Es un mal negocio para Argentina, porque la industria del conocimiento puede generar divisas”, sostuvo.
Nota relacionada: Carlos Gutiérrez ratificó su respaldo al financiamiento universitario y llamó a mejorar la articulación política para su aprobación
En tanto, la diputada Soledad Carrizo (UCR) reconoció la importancia de la convocatoria. “Vamos a ver en qué podemos ayudar y acompañar lo que sea justo. Las universidades cumplen un rol transformador, sobre todo en el interior”, manifestó.
La jornada dejó en evidencia la unidad del sistema universitario cordobés frente a una coyuntura crítica. El pedido común: que el Congreso trate y apruebe una ley que asegure un financiamiento adecuado y sostenible para la educación pública.
Participación plural
Entre los legisladores, estuvieron presentes Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota (Encuentro Federal), Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria), y una representante de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal).
También hicieron llegar su adhesión al encuentro, mediante notas, Héctor Baldassi (PRO); Alejandra Torres (Encuentro Federal); Rodrigo De Loredo (UCR); Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); y Luis Picat (Liga del Interior–ELI), quienes manifestaron su compromiso de acompañar el debate legislativo sobre este tema.
En tanto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y María Cecilia Ibáñez (MID) comunicaron que no podían asistir a la reunión.
Las autoridades universitarias presentes: Jhon Boretto (UNC); Mariela Marchisio (vicerrectora UNC); Luis Negretti (rector Universidad Nacional de Villa María); y Marisa Rovera (rectora Universidad Nacional de Río Cuarto); Julia Oliva Cúneo y Daniel Artaza (rectora y vicerrector de la Universidad Provincial de Córdoba, respectivamente); y los decanos de las facultades regionales de la UTN Héctor Macaño (Córdoba) y Alberto Tolosa (San Francisco). El decano de la UTN-Villa María, Norberto Gaspar Cena, no pudo asistir.
Una ley para garantizar derechos
La actividad se enmarca en el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentado por un grupo de rectoras y rectores del CIN ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, junto a la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La propuesta fue elaborada colectivamente en una comisión ad hoc creada tras el plenario del CIN realizado en San Luis en abril de este año.
Durante el encuentro en Córdoba, el rector de la UNC, Jhon Boretto, destacó que las universidades están en una situación crítica. “Necesitamos previsibilidad y un piso de financiamiento que garantice el derecho a la educación superior. Esta ley busca asegurar el funcionamiento de nuestras instituciones y también el futuro de quienes estudian, enseñan e investigan en ellas”.
El proyecto establece un piso básico de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, contempla la recomposición salarial y define la fuente de financiamiento sin creación de nuevos impuestos ni afectación del equilibrio fiscal. En tal sentido, el rector Boretto señaló que se trata de una reorientación de prioridades en el gasto público que reconoce a la educación superior como estrategia de desarrollo económico y social.
En el intercambio, hubo consenso entre representantes universitarios, legisladores y organizaciones gremiales sobre la gravedad de la situación que atraviesa actualmente el sistema universitario argentino. Se destacó la necesidad urgente de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento, acceso, permanencia y egreso, en especial para estudiantes de sectores más postergados.
