Aunque el Gobierno había prometido un recorte histórico en el Estado, en la provincia de Buenos Aires se designaron al menos 82 personas en cargos jerárquicos del PAMI. Las nuevas autoridades incluyen ex candidatos, concejales, familiares de dirigentes y figuras sin experiencia en salud, en un contexto marcado por acuerdos entre La Libertad Avanza y sectores del PRO.
En el último año y medio, al menos 82 personas fueron designadas en cargos jerárquicos dentro del PAMI en la provincia de Buenos Aires. Las asignaciones incluyen ex candidatos, concejales en funciones, familiares de dirigentes y personas vinculadas a espacios políticos aliados al actual gobierno nacional. Esto se dio luego de que se anunciara un recorte en la estructura del organismo con el objetivo de reducir el gasto público. Sin embargo, muchas de las vacantes fueron ocupadas por referentes con vínculos políticos, principalmente de La Libertad Avanza y sectores afines del PRO.
Entre los nuevos responsables de agencias y centros de atención del PAMI se encuentran postulantes electorales, militantes y dirigentes de base. También se detectaron casos de familiares directos de figuras políticas locales y personas que no cuentan con experiencia previa en el ámbito de la salud o la gestión pública, provenientes de rubros tan diversos como la producción agropecuaria, el control de plagas o la repostería. En varias localidades, los cambios responden a acuerdos políticos puntuales y ya se han producido hasta tres relevos en menos de dos años.
El esquema de designaciones fue coordinado, en gran medida, por actores clave dentro del armado territorial oficialista, con vínculos directos con la conducción nacional. En municipios como Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, los nombramientos reflejan la consolidación de acuerdos entre sectores libertarios y referentes del PRO, en especial del ala cercana a la actual ministra de Seguridad.
La distribución geográfica de los nombramientos muestra una mayor concentración en la Primera y Quinta Sección Electoral, con 16 cargos cada una. Les siguen la Segunda y Tercera Sección, con 12 nombramientos, la Cuarta y la Sexta con 9, y la Séptima con 8.
Este escenario refuerza una práctica recurrente en la política argentina: el uso de estructuras del Estado como espacios de contención para cuadros partidarios. Aunque desde el discurso oficial se sostiene la necesidad de achicar el Estado y transparentar la gestión, los hechos evidencian que las designaciones políticas continúan siendo una herramienta habitual en el armado de poder.
