Las dos ordenanzas fueron sancionadas por unanimidad. Los funcionarios políticos deberán presentar certificados de antecedentes penales, acreditar que no integran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y someterse a exámenes toxicológicos periódicos.
El Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó por unanimidad dos ordenanzas que incorporan nuevos requisitos para quienes ejerzan funciones políticas en el Estado municipal. Las iniciativas establecen la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales y de realizarse exámenes toxicológicos, en una decisión que busca fortalecer la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana.
Las medidas alcanzan tanto a funcionarios electivos como a aquellos designados políticamente y forman parte de un paquete de reformas institucionales impulsadas para reforzar los mecanismos de control sobre quienes administran recursos públicos.
Antecedentes penales y certificado de deudores alimentarios
Una de las ordenanzas actualiza el régimen de antecedentes penales para funcionarios políticos y trabajadores municipales.
La normativa dispone la presentación obligatoria del Certificado Nacional de Antecedentes Penales y del Certificado Provincial de Antecedentes Penales, además de acreditar que el funcionario no se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La documentación deberá renovarse cada dos años mientras la persona permanezca en funciones.
Narcotest obligatorio para funcionarios
En la misma sesión, el cuerpo legislativo aprobó también la ordenanza que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para quienes ocupen cargos políticos en el Municipio.
La iniciativa determina que quienes accedan a un cargo por elección popular, designación política o decisión de una autoridad competente deberán presentar un certificado emitido por un profesional bioquímico matriculado que acredite la realización del estudio.
El examen deberá presentarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción y renovarse anualmente durante el ejercicio del cargo.
Garantías de confidencialidad
La ordenanza prevé un procedimiento que resguarda la privacidad de los funcionarios, la confidencialidad de la información y la cadena de custodia de las muestras.
Asimismo, contempla la posibilidad de presentar declaraciones juradas y certificaciones médicas cuando existan tratamientos farmacológicos que puedan influir en los resultados de los análisis.
Con la aprobación de ambas normas, el Concejo Deliberante consolidó un nuevo esquema de controles para los funcionarios municipales, con el objetivo de fortalecer los estándares de idoneidad, responsabilidad institucional y transparencia en el ejercicio de la función pública.
