El informe corresponde a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). En soja el porcentaje alcanzó el 67.7% siendo el más alto. En el caso del girasol se ubicó en el 49.9% siendo el más bajo.
El estudio realizado por la FADA para los cereales soja, maíz, trigo y girasol, estableció que, en el mes de octubre, de $100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $61,30 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,3%, la participación del Estado en soja es del 67,7%, maíz 53,4%, trigo 50,9% y girasol 49,9%.
El índice de octubre es 0,2 puntos porcentuales más bajo que el de junio, traccionado por una leve mejora en los rindes esperados en soja para la campaña 22/23 en base a las primeras estimaciones de la campaña gruesa. En el caso de soja, el indicador bajó de 68,4% a 67,7%, maíz de 53,9% a 53,4%, trigo subió de 50,4% a 50,9% y girasol subió de 44,8% a 49,9%. Si bien la participación porcentual de impuestos en la renta baja, la cantidad de impuestos en pesos que pagó una hectárea promedio entre la estimación de junio y octubre se incrementó. En el caso de soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $89.986 a $104.056, en maíz de $54.480 a $69.264, en trigo de $38.069 a $41.527 y en girasol bajó de $42.693 a $34.357.
“Aquí queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos nacionales como derechos de exportación e impuesto a las ganancias que tiene una correlación directa con los ingresos y la rentabilidad”, argumentaron desde la fundación.
Respecto a septiembre de 2021, el índice bajó de 63,6% al actual 61,3%, donde opera principalmente una mejora de precios, principalmente en el caso del trigo.
Una cuestión de impuestos
Otra parte del informe desarrollado por (FADA) muestra que, ese 61,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 28,2% de los impuestos medidos. Allí figura el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA. Las provincias reciben parte del 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice que desarrolló FADA consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,6% de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,4% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia. “Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos”, plantean desde la entidad agropecuaria.
La conclusión a la que llega FADA respecto a los impuestos que conforman la renta agrícola, es que la mayor parte de estos son nacionales no coparticipables, en una actividad que es federal y está arraigada regionalmente, con lo cual, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.
