La abogada Marta Lastra presentó un escrito ante la Justicia Federal de Campana en el que acusa al Estado nacional de no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad y solicitó la ejecución de la sentencia.
La referente en materia de discapacidad Marta Lastra denunció ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana el incumplimiento del fallo judicial que ordena al Gobierno nacional implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación fue realizada ante el magistrado Adrián González Charvay y apunta a que se haga efectiva la sentencia dictada en el marco de un amparo colectivo.
Lastra, abogada especializada en discapacidad, integrante de la Fundación Familias CEA y una de las actoras del proceso judicial, sostuvo que el Poder Ejecutivo incurre en maniobras dilatorias que impiden la aplicación real de la norma. En ese sentido, solicitó que se tenga por denunciado formalmente el incumplimiento y dejó expresamente planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario.
En el escrito judicial, la abogada afirma que la conducta del Gobierno “tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, las instituciones, los transportistas y las organizaciones no gubernamentales y federaciones de ONG”. La denuncia abarca tanto la situación de las personas con discapacidad como la de los espacios que brindan servicios esenciales para su atención.
Uno de los principales puntos cuestionados es el argumento oficial que sostiene que primero debe reglamentarse la ley para poder aplicarla. Frente a eso, Lastra planteó que la reglamentación no es indispensable para ejecutar acciones concretas. Según expresó, “no resulta imprescindible la tan retardada reglamentación, ya que con ordenar las facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera fiscal los está llevando al cierre, resulta una acción concreta”.
La presentación también menciona la necesidad de autorizar las altas de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja y de actualizar el nomenclador de prestaciones en el porcentaje mínimo establecido. Para la abogada, estas medidas pueden instrumentarse sin necesidad de nuevas normativas complementarias.
En su argumentación, Lastra calificó la falta de reglamentación como “una excusa dilatoria y amenazante”, al considerar que se utiliza como justificación para postergar la implementación efectiva de la ley que establece la emergencia en discapacidad.
El planteo judicial busca que el Estado nacional avance de manera inmediata en la aplicación de las disposiciones previstas por la Ley de Emergencia en Discapacidad, tal como fue ordenado por la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Campana.
