Con salarios por debajo de los niveles de 2023, pérdida de empleo registrado y un consumo aún débil, el Gobierno apuesta a la baja de la inflación y de la pobreza como sus principales logros de gestión.

A días de los comicios nacionales, el humor económico se perfila como el principal motor del voto. Los indicadores del bolsillo —salarios, empleo, jubilaciones y consumo— funcionan como un verdadero termómetro del ánimo social y pueden inclinar la balanza a favor o en contra del oficialismo. Según los últimos datos relevados por consultoras y organismos oficiales, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue por debajo del nivel de noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, y el mercado laboral atraviesa una etapa de reacomodamiento con señales preocupantes.

El índice de salarios cayó un 5,25% desde el inicio del gobierno libertario, con una fuerte disparidad entre sectores: los empleados públicos perdieron un 14% de su poder adquisitivo, mientras que los privados casi no registraron variación. En contraste, los trabajadores no registrados mostraron un crecimiento del 17,8% interanual, aunque especialistas advierten que ese salto responde más a mejoras en la captación estadística que a un verdadero incremento real.

En el frente laboral, el empleo asalariado registrado alcanzó en julio su nivel más bajo desde la pandemia, con una pérdida superior a los 60.000 puestos en comparación con noviembre pasado. El desempleo se ubicó en 7,6% durante el segundo trimestre de 2025 —el valor más alto para ese período desde 2021—, y la informalidad laboral trepó al 43,2%, incorporando más de 200.000 trabajadores al circuito no registrado. Según el especialista Luis Campos, “en algunos aglomerados más del 30% de los trabajadores busca empleo activamente”, con Córdoba, Tucumán y Santa Rosa a la cabeza.

La economista Rocío Bisang, de EcoGo, resume el panorama: “El empleo es uno de los indicadores más débiles del Gobierno. Para muchas familias, la situación es compleja, y la volatilidad política y macroeconómica acentuó esa percepción”.

En cuanto a los ingresos, un informe de la consultora Equilibra los define como “la raíz del desencanto” con la gestión. Según su análisis, en los casi dos años de gobierno de Milei, los asalariados públicos y privados, junto con los jubilados, acumularon una pérdida equivalente a dos meses de ingresos. Esa caída fue especialmente marcada en el conurbano bonaerense, donde el oficialismo registró su mayor retroceso electoral en septiembre y espera un panorama adverso este domingo.

El universo jubilatorio también refleja tensiones. Los haberes mínimos perdieron alrededor del 5% de su poder de compra desde abril debido al congelamiento del bono de $70.000, mientras que las jubilaciones medias —sin ese complemento— tuvieron un repunte real del 10%. Sin embargo, la reducción en la cobertura del PAMI y los aumentos en medicamentos neutralizaron parte de esa mejora. Desde 2017, el poder adquisitivo promedio de los jubilados acumula una pérdida del 41%, según cálculos del economista Nadin Argañaraz.

En contraste con este panorama de ingresos y empleo, el Gobierno busca apoyarse en dos indicadores que considera positivos: la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. De acuerdo con el INDEC, la pobreza descendió al 31,6% en el primer semestre del año y la indigencia al 6,9%, cifras que muestran una mejora respecto del inicio de la gestión. Los analistas coinciden, sin embargo, en que esta mejora se explica principalmente por la baja de la inflación en productos básicos y por el aumento de los ingresos informales, más que por una recuperación sostenida de los salarios formales.

El consumo, otro termómetro clave, muestra señales mixtas. Si bien el indicador general creció 1% respecto del tercer trimestre de 2020, el consumo masivo sufrió dos caídas mensuales consecutivas y un retroceso interanual del 4,4% en supermercados y mayoristas. En contrapartida, las ventas en autoservicios de cercanía crecieron 8,6%, impulsadas por sectores populares, y el comercio electrónico mostró un avance, aunque con poca incidencia en el total.

A esto se suma un dato preocupante: la morosidad de las familias alcanzó su nivel más alto en 15 años, producto de la caída de los ingresos reales y las altas tasas de interés. En paralelo, la confianza del consumidor volvió a caer en septiembre, profundizando el pesimismo económico de los hogares.

El economista Federico Zirulnik, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sintetiza: “Lo único medianamente bueno que el Gobierno puede mostrar es la inflación, aunque en los últimos meses se advierte una leve aceleración. Si se dispara el dólar, ese logro podría diluirse rápidamente”.

En este contexto, los comicios del próximo domingo se perfilan como una evaluación directa de la gestión económica. Con salarios rezagados, empleo frágil y consumo sin reacción, el “voto del bolsillo” se impone como el factor decisivo de una elección donde las percepciones cotidianas de bienestar pueden pesar más que cualquier logro macroeconómico.

¡Viralizalo!