El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la provincia de Córdoba reclama mejoras urgentes en los salarios, la reglamentación de la Ley de Salud y una solución integral para los afiliados a la obra social provincial. Ante la falta de respuestas del Gobierno, lanzan asambleas informativas en toda la administración pública y hospitales.
El SEP declaró el estado de alerta y movilización frente a lo que denuncian como «una preocupante falta de diálogo por parte del Gobierno provincial». Según señalaron desde la Comisión Directiva, no ha habido propuesta oficial alguna para recomponer los salarios.
Como respuesta, el SEP anunció la realización de asambleas informativas en todas las reparticiones de la administración pública provincial y en hospitales, buscando visibilizar el malestar creciente entre los trabajadores estatales.
Entre los principales reclamos se destacan:
- Continuidad del blanqueo del salario básico y actualización de haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con la incorporación de la cláusula gatillo. La reciente devaluación del peso, cercana al 20%, profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
- Reglamentación urgente de la Ley 10.889, que permitiría el traspaso voluntario del personal de salud bajo la Ley 7625.
- Reincorporación de todos los trabajadores despedidos, y cobertura de vacantes especialmente en áreas hospitalarias críticas, mediante contratos genuinos y no a través de monotributos o becas.
- Eliminación del diferimiento en el pago de haberes a jubilados y del aporte solidario establecido en el artículo 58, que impacta cada vez más en el ingreso de los pasivos.
Además, el gremio expresó su profunda preocupación por el estado actual de la obra social provincial. Solicitan la suspensión del FOSAET y exigen al Gobierno la normalización inmediata de las prestaciones, particularmente en los casos de patologías crónicas y de alta complejidad, como pacientes oncológicos o diabéticos, así como en la provisión de insumos como prótesis y audífonos.
En ese sentido, manifestaron también su solidaridad con los trabajadores de APROSS, ante la creciente incertidumbre sobre su estabilidad laboral y la calidad de los servicios que deben garantizar a diario.
Desde el SEP dejaron en claro que las medidas de fuerza continuarán si no hay respuestas concretas del Gobierno provincial. El conflicto crece en un contexto de crisis económica generalizada, que pone a prueba la capacidad del Estado para atender las demandas de sus trabajadores y garantizar derechos básicos como salud, salario y jubilación digna.
