La Cámara alta analizará una versión acotada del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que dejó fuera los cambios sobre extranjerización de tierras. La iniciativa incorpora modificaciones en desalojos, manejo del fuego y regularización dominial.
El Senado de la Nación debatirá una versión reducida del proyecto de reforma sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, con eje principal en la agilización de los procesos de desalojo de inmuebles ocupados de manera irregular.
La iniciativa será tratada luego de que se retiraran del texto original los artículos vinculados a la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y las modificaciones relacionadas con barrios populares, dos puntos que habían generado diferencias dentro del Congreso.
El proyecto, vinculado a la agenda de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, mantiene como aspecto central la incorporación de mecanismos para acelerar los desalojos en casos de usurpación de viviendas, terrenos o campos.
Cómo funcionarían los desalojos exprés
Uno de los principales cambios previstos establece un procedimiento de desalojo inmediato para situaciones en las que se trate de inmuebles usurpados o casos de tenencia precaria.
Según el dictamen, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble cuando considere que el derecho invocado por el propietario resulta verosímil y luego de que se presente una garantía correspondiente.
Además, el magistrado podrá intimar en un plazo de 72 horas la devolución del inmueble, siempre que el propietario acredite mediante documentación su titularidad sobre la vivienda, terreno o campo.
En los casos de alquileres con deudas, el proyecto establece que el propietario deberá notificar al inquilino mediante carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación antes de iniciar una acción judicial de desalojo.
Cambios en expropiaciones y manejo del fuego
La iniciativa también introduce modificaciones sobre el régimen de expropiaciones. Entre los cambios previstos, se establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y con una fundamentación específica por parte del Estado.
Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante y establece criterios para determinar el valor de los bienes afectados. En caso de diferencias, los jueces podrán solicitar una evaluación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Otro de los capítulos incluidos refiere a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina la prohibición de modificar el uso de terrenos rurales afectados por incendios durante un período determinado, aunque mantiene restricciones para bosques nativos.
Digitalización y regularización de escrituras
El texto también incorpora medidas vinculadas a la modernización de registros y la regularización dominial.
Entre otros puntos, habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país y modifica la denominada Ley Pierri, ampliando el acceso a la escritura de viviendas únicas para familias que acrediten una posesión pública y continua durante los últimos 10 años.
El debate en el Senado se dará finalmente sobre una versión acotada del proyecto, luego de que el oficialismo retirara los artículos más controvertidos para intentar avanzar con la aprobación de los cambios vinculados al régimen de propiedad privada.
