Las políticas de ingresos del Gobierno de Milei vienen profundizando la precarización laboral y la desigualdad. Así lo reveló el reciente estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Instiuto de Estudios y Formación de CTA-Autónoma.
El año 2024 cerró con una fuerte caída del poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que perdió un 30% de su valor real, según un informe que analiza la política de ingresos del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Mientras tanto, las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar (PA) recibieron aumentos diferenciados, generando distorsiones en el mercado de trabajo que podrían incentivar la informalidad.
Desde la asunción de Javier Milei, las actualizaciones del SMVM fueron impuestas por decreto tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, dejando de lado la negociación entre sindicatos, empresarios y el Estado. En enero de 2025, el salario mínimo alcanzó los $286.711, mientras que la canasta básica total para un adulto sin carga familiar fue de $324.099 en noviembre de 2024, ubicándolo un 20% por debajo del umbral de pobreza.
Además, la propuesta de las centrales sindicales para fijar el salario en $572.000 fue descartada, y el gobierno adoptó una cifra cercana a la sugerida por la Unión Industrial Argentina (UIA). Este esquema no solo afectó el poder adquisitivo de los trabajadores formales con ingresos mínimos, sino que también redujo el piso de referencia para el resto de los asalariados.
Asignaciones sociales y el incentivo a la informalidad
Mientras el SMVM se deterioraba, las transferencias sociales experimentaron aumentos diferenciados. En enero de 2024, la AUH fue incrementada un 100%, mientras que la Asignación Familiar para trabajadores registrados quedó rezagada, consolidando una brecha del 50% entre ambas.
Esto genera un efecto no deseado: en algunos casos, una persona con empleo informal puede recibir ingresos totales superiores a quienes tienen trabajo registrado. Según el informe, una persona no registrada con dos hijos y un ingreso similar al SMVM puede percibir $559.687, mientras que la misma persona en blanco solo alcanza los $382.263 sumando salario y asignaciones.
Además, la eliminación de sanciones para empleadores que no registren a sus trabajadores refuerza esta tendencia, generando una presión hacia la informalidad y debilitando el rol del salario mínimo como umbral de referencia.
Un esquema desigual y sin perspectiva de universalidad
El informe advierte que la diferencia entre AUH y AAFF contradice el principio de universalidad en las asignaciones familiares, creando inequidades dentro de la misma población objetivo.
Especialistas advierten que, sin una reforma integral, las políticas actuales seguirán fomentando el deterioro del empleo registrado y la precarización laboral, en lugar de garantizar ingresos dignos y equitativos para toda la población.
