La cámara legislativa resolvió paralizar el proceso de ratificación del tratado de libre comercio firmado el sábado pasado en Asunción. La decisión se tomó por un margen mínimo y el expediente será girado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su validez legal.
El Parlamento Europeo decidió este miércoles frenar la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. La moción fue aprobada por una ajustada votación de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que implica la paralización del proceso de ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial.
En términos prácticos, la decisión implica que la entrada en vigencia del acuerdo quedará suspendida mientras el máximo órgano judicial europeo determine si el mecanismo jurídico elegido para su aprobación es válido y si el contenido del tratado se ajusta al marco normativo de la Unión. Según estimaciones legislativas, el proceso podría demorar entre 18 y 24 meses, aunque no se descarta que el Tribunal pueda priorizar una “solicitud de opinión” si considera que el contexto político y económico lo amerita.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto y en la base legal utilizada para su aprobación. Esa estructura permitiría avanzar con la ratificación de partes sustanciales del acuerdo sin la necesidad de que los parlamentos nacionales de los países miembros lo validen, un punto que genera fuertes reparos dentro del Parlamento Europeo.
La reacción de la Comisión Europea no tardó en llegar. El portavoz del organismo, Olof Gill, afirmó que “según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, marcando la posición del Ejecutivo comunitario, que impulsa la rápida entrada en vigor del tratado. La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, había participado días atrás en Asunción de la firma formal del acuerdo junto a los líderes del Mercosur.
El tratado, que busca crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con un mercado integrado de alrededor de 700 millones de personas, prevé la eliminación progresiva de la mayoría de los aranceles durante los próximos 15 años. Entre otros puntos, abriría el mercado europeo a productos del Mercosur como carne vacuna, pollo, azúcar y soja, mientras que Sudamérica ampliaría el acceso a bienes industriales y servicios provenientes de la UE.
La resistencia al acuerdo dentro de Europa tiene un fuerte componente político y social. Países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda encabezan la oposición, principalmente por el rechazo de los sectores agropecuarios. Los productores sostienen que operan bajo normativas ambientales, sanitarias y de bienestar animal más estrictas que las vigentes en Sudamérica, lo que eleva sus costos de producción y los deja en desventaja frente a la eventual competencia de productos importados.
En los días previos a la firma del tratado, Francia fue escenario de masivas protestas rurales. En París, cientos de tractores ocuparon los Campos Elíseos y se concentraron en las inmediaciones del Parlamento. Escenas similares se replicaron en Irlanda, donde hubo cortes de rutas, y en países de Europa Central como Polonia, Hungría y Austria.
Italia, que inicialmente había expresado objeciones al acuerdo, terminó respaldándolo luego de negociar con Bruselas un paquete de medidas económicas destinadas a reducir costos en la actividad agrícola, lo que permitió destrabar su acompañamiento político.
Con la decisión del Parlamento Europeo, el acuerdo Mercosur–UE entra ahora en una etapa judicial que condiciona su futuro inmediato y posterga cualquier definición concreta sobre su implementación efectiva.