La Municipalidad de Río Cuarto salió en respuesta de las declaraciones que el «falso médico del COE» brindó al Canal 12 de Córdoba y negó que haya existido responsabilidad política de sus funcionarios. También salieron al cruce de la oposición y el pedido de renuncia a Ferrario y Pérez Villareal.
Luego que Ignacio Martín -el «médico trucho del COE»- apuntara contra los funcionarios de la Municipalidad por haberle permitido ejercer la medicina de manera ilegal, el fiscal municipal, Ricardo Muñoz, señaló que “son manifestaciones de una persona que está desesperada, acorralada”.
“Cada vez que su defensa impugnó, la Justicia ratificó la prisión preventiva”, señaló el abogado, quien agregó que las declaraciones del falso médico terminaron siendo una confesión de los delitos que se le imputan.
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“Él advierte que la Justicia avanza elevando la causa a juicio y por lo tanto realiza una serie de manifestaciones en las que termina por reconocer sus actos, admite acciones y omisiones que ratifican las conductas tipificadas penalmente, más de ocho delitos que se le imputan”, afirmó Muñoz.
El fiscal municipal aseguró que el accionar fraudulento de Martín terminó generando una conducta fraudulenta en contra de la Municipalidad. “Estamos esperando las responsabilidades judiciales, ya que la Municipalidad se constituyó como querellante particular siendo víctima de la conducta de esta persona”, describió el funcionario, quien recordó que la Municipalidad también se constituyó como actor civil buscando la reparación de los daños.
Respuesta a JpRC
Muñoz fue consultado sobre los dichos que surgieron desde el bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto, quienes se dirigieron al intendente Juan Manuel Llamosas para exigirle el pedido de renuncia a los funcionarios de Salud.
En ese sentido, el fiscal municipal respondió: “Me llama la atención de que la oposición se maneje por la agenda de un presidiario, una persona que está privada de su libertad hace más de un año y medio”.
Respecto al pedido de la oposición sobre la reactivación de la causa que investigó la responsabilidad política de los funcionarios, Muñoz recordó que dicha causa -iniciada a partir de la denuncia de concejales de JpRC- “terminó archivada por falta de mérito“ y que la medida “no fue impugnada por la oposición”.
Asimismo, agregó: “El fiscal que pidió elevar la causa a juicio pudo establecer otro tipo de responsabilidades para los funcionarios y no tuvo elementos para hacerlo”.
