El INTA exoneró a Virginia Aparicio, investigadora que coordinó el proyecto SPRINT sobre plaguicidas. Su defensa cuestiona la sanción y anticipa una acción judicial.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente, los animales y las personas. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 366, fechada el 26 de octubre, y constituye la sanción disciplinaria más severa prevista en el régimen de empleo público nacional.
La medida implica la desvinculación definitiva de Aparicio del organismo y, según el régimen aplicado, su inhabilitación para continuar en la administración pública nacional. La resolución se apoya en las conclusiones de un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023, que investigó presuntas irregularidades en la gestión del proyecto financiado por la Unión Europea.
Según informó elDiarioAR, el Consejo Directivo del INTA consideró acreditados incumplimientos relacionados con el ejercicio de sus funciones, la participación de colaboradores y el manejo de recursos vinculados con la investigación.
Los argumentos del INTA para aplicar la exoneración
Uno de los principales cuestionamientos del organismo se relaciona con la participación de José Luis Costa, investigador retirado del INTA y pareja de Aparicio, en distintas instancias del proyecto SPRINT. De acuerdo con la resolución, Costa habría intervenido en tareas de coordinación y accedido a información de la investigación sin contar con una autorización institucional específica ni con un vínculo laboral vigente con el organismo.
Otro eje del sumario estuvo centrado en la administración de los fondos europeos y en decisiones operativas vinculadas con el envío de muestras biológicas al exterior para su análisis. Las autoridades evaluaron si esas actuaciones habían respetado los procedimientos y las autorizaciones requeridas.
Sin embargo, según los antecedentes difundidos sobre la resolución, el organismo reconoció que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para Aparicio ni se determinó de manera fundada un perjuicio económico equivalente a los montos administrados. Pese a ello, el Consejo Directivo consideró que las conductas atribuidas justificaban aplicar la sanción máxima.
La defensa de Aparicio cuestiona el procedimiento
La investigadora rechazó las imputaciones y cuestionó el desarrollo del sumario. Su abogado, Mario Bolla, sostuvo que el expediente incluyó ocho hechos atribuidos a su defendida y anticipó que recurrirán a la Justicia contencioso-administrativa federal para impugnar la decisión.
Entre los planteos de la defensa figuran objeciones al procedimiento, cuestionamientos sobre las posibilidades de ejercer el derecho de defensa y reparos por la diferencia entre la sanción aplicada a Aparicio y las medidas propuestas para otros agentes involucrados en el expediente.
La investigadora también denunció un trato que considera discriminatorio y vinculó el proceso con las tensiones surgidas alrededor de los resultados de SPRINT. Estas afirmaciones forman parte de su posición y la de su representación legal, mientras que el Consejo Directivo del INTA rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el trámite se ajustó a las normas administrativas vigentes.
Qué investigó el proyecto SPRINT
SPRINT fue una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea que estudió la presencia y circulación de residuos de plaguicidas en distintos componentes del ambiente, los alimentos, los animales y el organismo humano. El proyecto buscó caracterizar la exposición a estas sustancias y sus mezclas en diferentes contextos productivos.
En Argentina, el trabajo estuvo a cargo de un equipo de la Unidad Integrada Balcarce, con participación de investigadores del INTA y de otras instituciones científicas. Durante el estudio se recolectaron muestras biológicas de personas voluntarias y muestras ambientales para analizar la presencia de distintos compuestos.
Los resultados difundidos por el equipo identificaron residuos de plaguicidas en muestras humanas y ambientales. Entre los hallazgos comunicados se informó la detección de glifosato en la orina de una parte importante de las personas analizadas. No obstante, la detección de una sustancia no demuestra por sí sola que haya provocado una enfermedad: determinar los efectos sobre la salud requiere considerar los niveles de exposición, las características de cada compuesto y la evidencia disponible.
Una trayectoria de investigación en Balcarce
Virginia Aparicio desarrolló buena parte de su carrera científica en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Según los antecedentes de su trayectoria, comenzó a trabajar en laboratorios vinculados con el estudio de suelos y agua en 1997, ingresó a la planta transitoria del INTA en 2004 y pasó a la planta permanente en 2006.
Su trabajo se concentró en el destino de plaguicidas y otros contaminantes agrícolas en el suelo, el agua y otros componentes ambientales. En diciembre de 2016 ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) como investigadora adjunta y en 2022 fue promovida a investigadora independiente.
Sus investigaciones también fueron utilizadas en pericias vinculadas con causas judiciales por exposición a agroquímicos. De acuerdo con la organización Naturaleza de Derechos, los estudios realizados por el equipo de Balcarce aportaron evidencia técnica en el proceso judicial relacionado con las fumigaciones en Pergamino.
El debate por la investigación científica pública
La exoneración vuelve a poner en discusión la relación entre los procedimientos administrativos de los organismos científicos, la autonomía de los equipos de investigación y la comunicación de resultados sobre temas de relevancia ambiental y productiva.
En 2023, el INTA suspendió una presentación pública prevista para difundir resultados de SPRINT y posteriormente se apartó del proyecto. La decisión generó cuestionamientos de sectores científicos, sindicales y socioambientales, que denunciaron posibles restricciones a la difusión de los hallazgos.
Tras conocerse la sanción, organizaciones y referentes vinculados con la ciencia y el ambientalismo expresaron su rechazo y reclamaron garantías para la investigación independiente. Desde el organismo, en cambio, la medida fue fundamentada en las conclusiones del sumario administrativo.
Con la resolución del 26 de octubre, el proceso entra en una nueva etapa: la defensa de Aparicio anticipó que recurrirá a la vía judicial para cuestionar la legalidad y la proporcionalidad de la sanción. La eventual revisión de esa decisión deberá determinar si corresponde mantenerla o modificarla.