Ambos bloques intensifican negociaciones para definir el futuro de las leyes de jubilaciones y discapacidad antes del 4 de agosto.
El oficialismo y diversos bloques opositores se encuentran ante una pulseada definitiva por el veto que el presidente Javier Milei planea aplicar a las leyes recientes sobre aumentos jubilatorios y emergencia en discapacidad, sancionadas por el Senado el pasado 10 de julio y remitidas al Ejecutivo. El plazo para firmar ese veto se extiende hasta el lunes 4 de agosto.
Para sostener su postura, el Gobierno impulsa un acuerdo que acumule al menos 87 votos en la Cámara de Diputados, lo cual implicaría negociar con aliados, gobernadores dialoguistas y legisladores de bloques afines. La alianza oficialista interna, que integra La Libertad Avanza (LLA), cuenta con 39 diputados propios y aliados firmes como CREO y Somos Fueguinos, totalizando 41 apoyos ya confirmados, por lo que debe asegurarse otros 46 votos adicionales.
La atención del oficialismo se centra en sumar respaldos del PRO, radicales de la Liga del Interior, miembros del MID y disidentes del UCR, mientras monitorea ausencias y abstenciones que puedan alterar el cálculo numérico. Asimismo, la oposición nucleada en bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica busca revalidar las leyes vetadas reuniendo los dos tercios necesarios para revocar el veto presidencial.
Aunque el foco principal es la batalla por la normativa jubilatoria y de discapacidad, la oposición busca avanzar también con otros proyectos en debate como la emergencia para el Hospital Garrahan, el financiamiento universitario y la reforma del impuesto a los combustibles y ATN, todos con media sanción del Senado.
Con esta definición legislativa en puerta, ambas fuerzas políticas miden el terreno en un Congreso muy tensionado, en el que el resultado de esta votación podría marcar el rumbo político de los próximos meses.
