A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo centralizó la conducción del sistema de inteligencia, creó dos nuevas comunidades interinstitucionales y reorganizó áreas clave como la ciberinteligencia y la contrainteligencia.
El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional mediante el DNU 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, que introduce cambios estructurales en la organización y funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. La modificación de la Ley 25.520 apunta a centralizar la conducción estratégica en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a reordenar competencias frente a un escenario marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.
Entre los principales cambios, el decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito permanente de coordinación que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad, bajo la conducción directa de la SIDE. En paralelo, se establece la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), conformada por ministerios y organismos públicos que aportarán información relevante para el análisis estratégico, sin producir inteligencia en sentido estricto.
La norma también introduce una separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, como autoridad nacional en la protección del ciberespacio y de infraestructuras críticas. A su vez, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con foco exclusivo en la producción de inteligencia digital.
Otro punto central es la redefinición del área de seguridad estratégica: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su denominación a Agencia Nacional de Contrainteligencia y orienta sus funciones a la detección y prevención de amenazas como espionaje, sabotaje e injerencia extranjera, evitando superposiciones con tareas de investigación criminal. Además, se reorganiza la inteligencia militar mediante la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la transferencia de sus funciones al Estado Mayor Conjunto.
El decreto refuerza también los controles internos, transformando la División de Asuntos Internos en una Inspectoría General de Inteligencia con mayores facultades de auditoría y supervisión, y amplía las atribuciones de la SIDE en materia presupuestaria y de designación de autoridades. Tal como establece la normativa vigente, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso para su análisis, mientras el Ejecutivo avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde 2001.
