Con la mira puesta en diciembre, el oficialismo acelera la elaboración de un nuevo paquete de cambios a la legislación laboral. Apuntan a reducir la litigiosidad, promover el empleo registrado y aliviar la presión sobre las pymes.
La administración de Javier Milei tiene en carpeta una serie de reformas estructurales para la segunda etapa de su gestión, y entre ellas la modificación del régimen laboral ocupa un lugar central. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, los proyectos ya están en elaboración y se prevé que lleguen al Congreso hacia fin de año, con la expectativa de contar para entonces con una mayor representación legislativa.
Si bien la Ley Bases sancionada en 2024 introdujo algunos cambios —como incentivos al empleo registrado, una nueva figura de trabajador independiente con colaboradores y ajustes al sistema de indemnizaciones—, desde el oficialismo consideran que no fueron suficientes para resolver los principales conflictos del mercado laboral argentino.
Uno de los principales problemas señalados es el aumento en la litigiosidad. Diversos actores del sector empresarial sostienen que el actual esquema legal favorece la judicialización, con fallos que consideran desproporcionados, sobre todo por los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones judiciales y la aplicación de multas.
Este escenario es, según especialistas, uno de los factores que explican la persistencia del empleo informal. Algunos analistas incluso afirman que la cantidad de trabajadores no registrados ha crecido significativamente en las últimas décadas.
El abogado laboralista Julián De Diego advirtió en una columna reciente que existe consenso entre sectores empresariales y sindicales respecto a que los montos fijados en muchos fallos judiciales superan los límites razonables y pueden llevar al cierre de empresas, especialmente pequeñas y medianas.
En un tono similar, el abogado Carlos Cedro comparó la situación del fuero laboral con el ámbito penal, apuntando a una supuesta doctrina judicial que, según él, limita cualquier posibilidad de reforma y desalienta la formalización del empleo. “La interpretación dominante en los tribunales laborales está más cerca de impedir el cambio que de facilitarlo”, expresó.
Desde el sector empresario remarcan que los costos derivados de la contratación formal —sumados a la presión impositiva y a los riesgos legales— dificultan el inicio de nuevos emprendimientos. Algunas voces del ámbito judicial indican que la Corte Suprema ha intentado moderar estas distorsiones con fallos como “Oliva” y “Lacuadra”, en los que cuestionó sentencias por considerarlas desproporcionadas.
En el caso Oliva c/Coma S.A., por ejemplo, el capital inicial de condena era de poco más de dos millones de pesos, pero con actualizaciones e intereses, la cifra escaló a más de $165 millones, lo que fue considerado un exceso inadmisible por el Máximo Tribunal.
Situaciones similares se repitieron en otros fallos. En uno de ellos, la Corte anuló una sentencia que había elevado el monto indemnizatorio a más de 150 veces el reclamo original, indicando que ese tipo de resultados vulnera principios de razonabilidad.
No obstante, los efectos de estos fallos no se extienden automáticamente a otros tribunales. Como las sentencias de la Corte sólo aplican al caso particular, muchas cámaras laborales continúan aplicando criterios que el propio tribunal superior ha considerado excesivos.
Este fenómeno, denominado por algunos sectores como “industria del juicio”, representa un desafío central para las pymes. Así lo advierte un informe presentado por el analista Marcelino Abdala ante la Comisión de Economías Regionales del Senado, en el que se señala que los juicios laborales aumentaron un 7% en 2024, alcanzando un récord de 125.842 causas, y se estima que en 2025 superarán las 132.000.
El mismo informe indica que más de la mitad de las pymes enfrentan actualmente conflictos judiciales de índole laboral, con costos que, en muchos casos, ponen en riesgo la continuidad del negocio. En un país con unas 400.000 pymes activas, si tan solo el 20% se viera obligada a cerrar por este motivo, podrían perderse alrededor de 800.000 puestos de trabajo.
Mientras tanto, el oficialismo buscará reimpulsar la agenda laboral en el Congreso. Para diciembre, ya se anuncian nuevas iniciativas que intentarán avanzar en una reforma más profunda. El desafío será compatibilizar los cambios con la jurisprudencia existente y con una oposición que sigue viendo en la legislación laboral vigente una herramienta clave de protección de derechos.
