Inició una reestructuración interna ante sospechas de filtración o venta de información en el marco del litigio internacional por la expropiación de la petrolera.
El Gobierno nacional comenzó una reestructuración interna en la Procuración del Tesoro, el organismo que brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo, tras detectar posibles filtraciones de información relacionadas con el litigio por la expropiación de YPF. La medida incluye lo que desde Casa Rosada definieron como una “purga”, que contempla la disolución de áreas administrativas y otras modificaciones en la estructura del organismo.
Según fuentes oficiales, se sospecha que datos confidenciales sobre la causa podrían haber sido filtrados —e incluso vendidos— al fondo buitre Burford Capital, que actualmente litiga contra Argentina en tribunales de Estados Unidos. Esta situación habría influido en el fallo de primera instancia que determinó que el Estado argentino debe pagar una millonaria compensación por la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera en 2012.
“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está llevando adelante una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, declaró un alto funcionario del Gobierno de Javier Milei a medios acreditados en Casa Rosada.
Castro Videla, quien asumió en febrero en reemplazo de Rodolfo Barra, se apartó del caso debido a un posible conflicto de intereses: fue socio del abogado Alberto Bianchi, quien testificó a favor de Burford Capital en el juicio.
El Gobierno argentino apeló el fallo de la jueza Loretta Preska y, recientemente, se supo que Estados Unidos apoyará el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. En ese marco, el abogado que representa al país es Robert Giuffra Jr., titular del estudio Sullivan & Cromwell y conocido por su vínculo con el expresidente Donald Trump. Según trascendió, cobra cerca de 1.800 dólares por hora de trabajo.
La causa por la expropiación de YPF continúa siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para la Argentina, tanto por su impacto económico como político.
