A través del Ministerio de Seguridad se intimó a las organizaciones que «participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular» en concepto de «pago solidario» por «los costos operativos ocasionados» el 22 y 27 de diciembre.
El Gobierno intimó a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 establecido por el presidente Javier Milei.
Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.
«Intimo a usted, en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintisiete con 56/100 ($40.419.227,56), en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público», indica el texto de la misiva, que fue firmado por el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los responsabiliza de «los gastos ocasionados» por el despliegue del operativo por la «interrupción total o parcial del tránsito vehicular», una sanción con la que el Gobierno busca hacer cumplir el protocolo antipiquete que prohíbe la realización de bloqueos de la vía pública durante protestas.
Por otro lado, con una similar misiva, la cartera de Seguridad intimó a distintas organizaciones a pagar multas de $56.760.282,58 por los costos del operativo producto de la protesta del 22 de diciembre, también en contra del DNU con el que el Gobierno estableció la desregulación de la economía.
Entre ellas están Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación Nacional Territorial, libres del Sur, Frente Barrial CTA, Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetrares) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
La CGT respondió a la intimación del Gobierno a distintas organizaciones gremiales por las protestas de diciembre contra el DNU de desregulación económica y advirtió que esa medida «no condicionará al movimiento obrero organizado».
«La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga», sostuvo la central obrera en un comunicado.
Por su parte, la CTA Autónoma emitió un comunicado expresando: «Rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras».
También el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió los telegramas, criticó al Gobierno por «irracional» y recordó que en el país «sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y el derecho de huelga».
Fuente: Télam
