La medida modifica la Ley 19.101 y elimina la obligación de pasar a situación de disponibilidad para cumplir funciones en la cartera. Buscan fortalecer la gestión con personal especializado y evitar que se vea afectada la carrera profesional de los uniformados.
El Gobierno nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica la Ley 19.101 y habilita al personal de las Fuerzas Armadas en actividad a ocupar cargos dentro del Ministerio de Defensa sin tener que pasar previamente a situación de disponibilidad, como ocurría hasta ahora. La decisión apunta a optimizar el funcionamiento del área y permitir que oficiales y suboficiales con formación específica puedan desempeñarse en puestos estratégicos sin que ello impacte negativamente en su trayectoria profesional.
Desde la cartera de Defensa explicaron que el régimen anterior generaba una limitación concreta para la incorporación de cuadros militares con experiencia. El pase a disponibilidad implicaba que el tiempo trabajado dentro del Ministerio no fuera computado como servicio efectivo, lo que desalentaba a muchos profesionales a asumir responsabilidades de gestión en áreas clave de la política de defensa.
En ese sentido, el comunicado oficial remarcó que la modificación permitirá contar con los perfiles más calificados para la conducción y planificación de la defensa nacional. La formación técnica y la experiencia adquirida a lo largo de la carrera militar resultan, según señalaron, fundamentales para la toma de decisiones estratégicas y para el diseño de políticas públicas en el sector.
El DNU se justifica en la “necesidad operativa” de cubrir puestos sensibles con personal idóneo en ámbitos donde el conocimiento específico acumulado es determinante. Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta que fortalece la estructura del Ministerio de Defensa y mejora su capacidad de gestión en un contexto que exige profesionalismo y especialización.
Además, el decreto se inscribe en una política de integración entre personal civil y militar dentro de la cartera, con el objetivo de consolidar un esquema de trabajo conjunto que potencie la conducción del sistema de defensa. Desde el Gobierno sostienen que esta convivencia de perfiles profesionales distintos contribuye a una administración más eficiente y equilibrada.
Otro de los fundamentos centrales es que la modificación corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al impedir que el personal militar en actividad accediera a determinadas funciones para las que estaba plenamente capacitado. Según se indicó, el cambio no introduce privilegios ni altera los aspectos sustanciales de la carrera militar, sino que elimina una barrera administrativa que limitaba su participación en áreas de gestión.
No obstante, el decreto establece excepciones. La habilitación no será aplicable a oficiales que hayan alcanzado los grados máximos de la carrera, como teniente general, almirante o brigadier general, ni a quienes se hayan desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto o jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Estos cargos son considerados la culminación del recorrido profesional dentro de la estructura militar.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la capacidad técnica y operativa del Ministerio de Defensa, promoviendo una mayor articulación entre la experiencia militar y la gestión administrativa, y asegurando que el personal más capacitado pueda desempeñar funciones estratégicas sin resignar derechos ni afectar su desarrollo profesional dentro de las Fuerzas Armadas.
