Con la publicación de la ley en el Boletín Oficial, el Ejecutivo activó el esquema presupuestario para el próximo año, que prevé superávit fiscal, control del gasto y condicionamientos para áreas clave como universidades y empleo público.
El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigencia del Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798, sancionada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias. La norma consolida los lineamientos centrales del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, con eje en el equilibrio de las cuentas públicas y una estricta disciplina fiscal.
Según el texto oficial, el Presupuesto proyecta para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2,73 billones, a partir de recursos totales estimados en $148,29 billones y gastos corrientes y de capital autorizados por $148,06 billones. El esquema prevé, además, un criterio flexible en materia impositiva: si el superávit supera lo esperado, se habilitaría una reducción de impuestos, mientras que un resultado menor implicaría recortes automáticos de partidas.
En la distribución del gasto, los Servicios Sociales concentran la mayor asignación, con $106,52 billones, seguidos por el pago de la deuda pública, que demandará $14,11 billones. Más atrás aparecen los Servicios Económicos, la Administración Gubernamental y las áreas de Defensa y Seguridad. En el caso de las universidades nacionales, la ley asigna $4,78 billones, aunque establece como condición la presentación periódica de información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo apercibimiento de suspender transferencias en caso de incumplimientos.
El Presupuesto también contempla partidas específicas para el sistema previsional, con fondos destinados al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES y asistencia a cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al Estado nacional. En paralelo, el Ejecutivo queda habilitado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y a utilizar crédito de corto plazo dentro de límites establecidos para la Tesorería.
Finalmente, la norma mantiene restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública, que requerirán autorización previa de la Jefatura de Gabinete, y sostiene exenciones impositivas para la importación de vacunas y medicamentos vinculados a programas sanitarios nacionales, en línea con la estrategia general de control del gasto y priorización de áreas sensibles.
