La administración nacional dio lugar a los reclamos de un sector de la oposición y busca apoyos para la desregulación de la economía. Contiene eliminaciones y modificaciones. YPF no se privatiza, las retenciones a economías regionales estarán en 0% y la fórmula previsional se calculará de acuerdo a la inflación desde abril. El INCAA no sufrirá cambios.
El Gobierno dio lugar a los reclamos de la oposición “dialoguista” y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que contempla modificaciones con intención de aprobar el grueso de los cambios presentados.
Según el documento difundido esta mañana, entre las principales variaciones, el Poder Ejecutivo acepta eliminar YPF del listado de empresas a privatizar y para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Por otra parte, la administración accedió al reclamo de los gobernadores por lo que limitó las retenciones a las economías regionales a cero. “Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, reza el nuevo artículo.
Además, se compromete mantener la fórmula previsional hasta abril y luego comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.
El Gobierno también dio marcha atrás en los cambios que modificaban la estructura de financiamiento del INCAA dentro de la Ley Ómnibus, cuestión que había generado rechazo en la cultura. Además, la ley dejó de propiciar la eliminación del Fondo Nacional de las Artes.
Desde la administración libertaria optaron por reducir a un año las delegaciones legislativas con opción de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.
De acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que “1) los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros; 2) Se incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; 3) Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme, y 4) Se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”.
Si bien se trata de un borrador, redactado de forma coloquial, que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios.
