El temario, habilitado del 10 al 30 de diciembre, incluye el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales que el oficialismo buscará aprobar con su nueva mayoría parlamentaria.
El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre y estarán centradas en una agenda legislativa de alto impacto. El decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue publicado en el Boletín Oficial y delimita los asuntos que podrán tratarse durante ese período especial.
El primer punto del temario es el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, en sintonía con la estrategia de consolidación fiscal que impulsa la Casa Rosada. Junto a esta iniciativa, el Ejecutivo envió un paquete de reformas estructurales con el que aspira a aprovechar su nueva relación de fuerzas en ambas cámaras.
Entre los proyectos incluidos figura la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria. A ella se suma la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, concebida como un marco de reglas que limite el déficit, ordene el gasto público y acote el financiamiento a través de emisión o endeudamiento.
El temario incorpora además la anunciada Ley de Modernización Laboral, que el Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnización y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de actualizar la legislación ante nuevas formas de empleo.
El paquete legislativo se completa con una reforma integral del Código Penal —también a ser enviada en estos días— y una adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta última apunta a revisar la Ley 26.639 para compatibilizar su vigencia con proyectos de inversión, en particular aquellos vinculados a actividades extractivas en zonas cordilleranas.
Con estos siete proyectos, el Gobierno inaugura una etapa parlamentaria clave antes del cierre del año legislativo y busca instalar una agenda de reformas profundas que ordenará el debate político en las próximas semanas.
